ACTO DE CONMEMORACION POR EL DIA DEL DETENIDO DESAPARECIDO

Conmemoración del Detenido Desaparecido 2015

EX PRISIONEROS DE LA DICTADURA CÍVICO-MILITAR ACUERDAN PLAN DE MOVILIZACIÓN NACIONAL, EXIGIENDO UNA REPARACIÓN DIGNA AL ESTADO CHILENO

Con la participación de representaciones de ex presos políticos de todo el país y de diversas tendencias políticas, se constituyó este 15 de agosto la Coordinadora Nacional de Ex Presos Políticos Salvador Allende. El evento se efectuó en Rancagua y contó con la participación de casi 400 personas, entre las cuales estaba Verónica De Negri, madre del fotógrafo mártir Rodrigo Rojas. La nueva organización, junto con rechazar las mezquinas ofertas del gobierno en la Mesa de Alto Nivel, acordó un plan de movilización nacional de los ex prisioneros en demanda de una reparación integral.

EN DECLARACIÓN PÚBLICA LA COORDINADORA EXPONE SUS ACUERDOS:

1.- Se rechaza la propuesta entregada por el gobierno a la mesa de alto nivel presidida por el Obispo Goic, como parte del acuerdo de Rancagua.

La propuesta está lejos de una reparación digna, ajustada a los tratados internacionales de DDHH.

El Estado de Chile ha suscrito dichos pactos internacionales, siendo su obligación el dar cumplimientos de dichos compromisos internacionales, en materia de reparación.

2.- La Coordinadora Nacional de Ex Presos Políticos Salvador Allende, demanda al gobierno la renuncia de la subsecretaria Patricia Silva, por incumplimiento del acuerdo firmado el 22 de mayo en Rancagua.

3.- Como Coordinadora Nacional de Ex Presos Políticos Salvador Allende, hemos resuelto fortalecer nuestra unidad a nivel nacional.

En el encuentro se acordó en forma unánime, un plan de movilizaciones a nivel nacional e internacional, con la finalidad de demandar al Estado chileno la reparación integral para todos los ex presos políticos.

Se acuerda el solicitar a la Presidenta Michelle Bachelet, reciba al ejecutivo de La Coordinadora Nacional de Ex Presos Políticos Salvador Allende.

4.- Se hace un llamado a todos los ex presos políticos, a las organizaciones de DD.HH a todos los luchadores sociales y políticos. A construir los espacios de movilización y unidad en la lucha por nuestras demandas.

ASAMBLEA NACIONAL

COORDINADORA NACIONAL DE EX PRESOS POLÍTICOS SALVADOR ALLENDE

¿PACTO DE SILENCIO? EL CASO DE JOSÉ HUENANTE, EL ADOLESCENTE DETENIDO Y DESAPARECIDO EN EL GOBIERNO DE RICARDO LAGOS

Enviado por: Equipo Comunicaciones

José Gerardo Huenante Huenante, nació en Puerto Montt el 1 de noviembre de 1988, desaparecido en la misma localidad el 3 de septiembre de 2005. Joven de origen Mapuche Huilliche desaparecido tras ser detenido por un radiopatrullas de carabineros de Chile. De acuerdo a diversos informes, su desaparición corresponde al primer caso de desaparición forzosa en la democracia de Chile. Algunos personeros de Estado, como el ex Ministro Pérez Yoma desestimaron esa calificación, sin embargo guardan silencio.

Los hechos ocurrieron la madrugada del 3 de septiembre de 2005. Según testigos protegidos por la investigación, se presume que Huenante se enfrentó a Carabineros en plena Avenida Vicuña Mackenna donde más tarde fue subido al radio patrulla (RP) N°1375 perteneciente a la 5.ª Comisaría de Puerto Montt. Desde entonces se desconoce su paradero.

Sergio Coronado, fiscal del Ministerio Público de Puerto Montt, logra, mediante la declaración de los dos testigos del caso, una orden del Juzgado de Garantía para detener a los tres Carabineros que iban dentro del carro: El sargento 2º Juan Ricardo Altamirano Figueroa; el cabo 1º Patricio Alejandro Mena Hernández; y el cabo 2º César Antonio Vidal Cárdenas, quienes se señala como responsables en el secuestro y desaparición del menor.

Sin embargo, y a pesar de que el abogado Luís Correa Bluas interpuso una querella criminal, ante el Juzgado de Garantía de Puerto Montt, con fecha 25 de marzo de 2009, en contra de todos quienes resulten responsables, los principales sospechosos siguen en libertad, aunque inicialmente fueron dados de baja, también fueron reincorporados a la Institución en diciembre de 2010, bajo el amparo de tribunales militares.

El hecho ha sido investigado por la Brigada de Derechos Humanos de la PDI. Algunas de las pruebas que ha considerado la Fiscalía son las siguientes: versiones contradictorias y 16 declaraciones que no calzan, adulteración del libro de detenidos —esa noche marcaron dos detenidos pero luego enmendaron el número y escribieron uno—, y no cuadra la justificación de kilometrajes recorridos esa noche por el radiopatrullas 1375.

Diversas actividades se realizarán en todo Chile exigiendo la verdad de los hechos, junto a justicia y castigo a los responsables.

A continuación extendemos los enlaces a una serie de antecedentes, incluyendo un video informativo.

Informe preparado por Juan Carlos Chavez Pilquil, colaboración a Grupo de Trabajo por Derechos Colectivos y Mapuexpress / Hacer click Aquí /

Preguntas por José Huenante – Instituto de Comunicación e imagen Universidad de Chile – Hacer click aquí ICEI/

Informe UDP DERECHOS HUMANOS Y JUSTICIA MILITAR (incluye caso José Huenante) – Hacer click aquí /

Informe anual Derechos Humanos UDP que incluye caso José Huenante como detenido desaparecido en democracia / Hacer click aquí /

Caso de José Huenante: Naciones Unidas dice que Justicia Militar es un obstáculo para poner fin a la Impunidad – hacer click aquí enlace CECT /

CASO HUENANTE: CARABINEROS SERÁN REINTEGRADOS A LA INSTITUCIÓN – publicación 28 de diciembre 2010 – La NaciónHacer click Aquí /

Declaraciones Edmundo Pérez Yoma como Ministro del Interior en primer gobierno de Bachelet “Me parece insólito hablar de detenidos desaparecidos en democracia” – hacer click aquí enlace Cooperativa /

Comunicado público de la familia de José Huenante – julio 2015 hacer click aquí, Mapuexpress /

Ver Video difundido en las redes de youtube por Lucho Romadi.

https://www.youtube.com/watch?v=RZc3jNoEAso

RECHAZO A LA TORTURA

Los 3 cumpai

Jorge Zúñiga, reportero gráfico de PF; Héctor Llaitul, vocero de la Coordinadora Arauco-Malleco; y el médico Heraldo Povea Pacci, recibieron la medalla de la Comisión Ética contra la Tortura.

La Comisión Etica contra la Tortura -creada en marzo de 2001- conmemoró el Día Internacional de Apoyo y Solidaridad con las Víctimas de la Tortura con un foro sobre “Nuevas Constituciones en América Latina y Derechos Humanos”, en que participaron los especialistas Roberto Garretón y Héctor Testa.

El acto se realizó el 26 de junio en el auditórium del Colegio San Ignacio. La Comisión Ética contra la Tortura señaló que la defensa de los derechos humanos “equivale a colocarse al lado contrario del sistema neoliberal que impera en nuestro país y por tanto, implica enfrentar a un Estado que desde los gobiernos civiles se ha colocado al lado de los poderosos y ha convertido nuestros bienes comunes en un botín entregado a la voracidad de consorcios nacionales y extranjeros sin mayores cortapisas, privándonos de múltiples y esenciales derechos”.

En el mismo acto se entregaron las medallas Exequiel Borvarán Salinas, Diego Guzmán Farías y Manuel Gutiérrez, estudiantes que han perdido la vida en 2011 y este año, en las movilizaciones contra la reforma educacional. Estas medallas fueron recibidas por el vocero de la Coordinadora Arauco-Malleco, Héctor Llaitul Carrillanca; el doctor Heraldo Povea Pacci, luchador social que desde los años 70 participa en la defensa de los derechos humanos en la V Región; y el reportero gráfico Jorge Zúñiga San Martín, “que desde las calles señala la Comisión graba en imágenes imborrables la atrocidad y violencia de la policía y el Estado, pero también la alegría de quienes con esperanzas han clamado por sus derechos”.

Asimismo, se expresó un reconocimiento a la Coordinadora Jurídica 4 de Agosto, conformada por estudiantes, egresados y titulados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

La Comisión Ética contra la Tortura, asimismo, dio a conocer una carta a la presidenta de la República, Michelle Bachelet(1). El documento reitera anteriores planteamientos de la Comisión:

1.- Implementación del Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura, que tenga competencia para realizar visitas periódicas a centros de detención.

2.- Adopción de una definición de tortura que modifica que la del Código Penal, adecuándola la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

3.- Derogación de la disposición de la Ley de Reparación Nº 19.992 que posibilita la impunidad de las torturas cometidas durante la dictadura militar.

4.- Derogación de la Ley 18.314 (conocida como Ley Antiterrorista) por ser violatoria de los derechos a un juicio justo.

5.- Constitución de una entidad permanente y autónoma del Estado que acoja las denuncias de violaciones de los derechos humanos.

6.- Atender a las demandas de los pueblos originarios.

7.- Término de la justicia militar para juzgar a civiles.

8.- Derogación del Decreto Ley de Amnistía de 1978 (Ley 2.191).

9.- Legislar en torno a los derechos y deberes de la población penal.

10.- Poner término al envío de soldados y policías a la Escuela de las Américas y cierre del Centro de Entrenamiento para Operaciones de Paz, que opera en el Fuerte Aguayo, de Concón.

11.- Derogación de las disposiciones legales y reglamentarias que establecen “obediencia debida” a los cuerpos armados.

12.- Inhabilidad permanente para ocupar cargos públicos para todos los violadores de Derechos Humanos.

 

 

CONDENAN A 20 AÑOS A AUTORES DE ASESINATOS DE FAMILIA GALLARDO

 

Los crímenes de seis personas intentaron ser encubiertos a través de un montaje comunicacional, haciéndolos aparecer como fallecidas en un “enfrentamiento” en los cerros de Rinconada de Maipú.

Se trató de “ocultar los hechos efectivamente ocurridos -esto es, torturas y muertes de víctimas desvalidas”, para lograr la impunidad de los autores de los mismos, miembros de la DINA, señaló en el fallo el ministro Leopoldo Llanos.

El ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Leopoldo Llanos, dictó sentencia de primera instancia en contra de cinco miembros de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), como responsables de los homicidios calificados de seis integrantes de una familia, perpetrados en noviembre de 1975. Las muertes fueron objeto de un montaje comunicacional que las atribuyó a “un enfrentamiento” producido en los cerros de la Rinconada de Maipú.

En la resolución, el ministro Llanos condenó a penas de 20 años de presidio a Manuel Contreras Sepúlveda, Marcelo Moren Brito, Miguel Krassnoff Martchenko, Basclay Zapata Reyes y Rolf Wenderoth Pozo, como autores de los homicidios de Alberto Gallardo Pacheco, Catalina Gallardo Moreno, Mónica Pacheco Sánchez, Luis Ganga Torres, Manuel Reyes Garrido y Pedro Cortés Jeldres, ejecutados entre el 18 y 19 de noviembre de 1975.

La investigación logró acreditar que “Manuel Lautaro Reyes Garrido, militante del MIR, y Pedro Blas Cortés Jeldres, militante del Partido Comunista, fueron detenidos y trasladados hasta el centro de detención de Villa Grimaldi, donde fueron ejecutados”.

“El 18 de noviembre de 1975, se produjo un enfrentamiento en calle Bío Bío en el cual resultó muerto un militar y el militante del MIR Roberto Gallardo Moreno. En horas posteriores al hecho anterior, ese mismo día, fueron detenidos en sus domicilios todos los integrantes de la familia Gallardo y conducidos hasta el Cuartel de Investigaciones de calle General Mackenna donde fueron interrogados y torturados. En la madrugada del 19 de noviembre fueron liberados algunos de los miembros de la familia, a excepción de Alberto Recaredo Gallardo Pacheco, Catalina Ester Gallardo Moreno y Mónica del Carmen Pacheco Sánchez, quienes fueron puestos a disposición de la DINA y trasladados hasta el recinto de Villa Grimaldi”, consigna el fallo.

Alberto Rodríguez Gallardo, director de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, hijo de Catalina Ester Gallardo Moreno, tenía seis meses en la época de los hechos y también fue llevado detenido al cuartel de la Policía de Investigaciones.

Testigos de Villa Grimaldi: Fue la peor de las noches

“En la madrugada del 19 de noviembre, fue detenida Ester Torres junto a tres de sus hijos, Renato, Mauricio y Francisco Javier Ganga, por agentes de la DINA que buscaban a su hijo mayor Luís Andrés Ganga y fueron llevados a Villa Grimaldi; después de ser torturados e interrogados se obtuvo el dato del paradero de Luís Andrés, quien fue aprehendido momentos más tarde y conducido a ese recinto, donde fue torturado”, agrega el dictamen.

“Testigos que se encontraban detenidos en Villa Grimaldi declaran que esa fue la peor de todas las noches, describen un gran movimiento de autos, escucharon a los agentes pidiendo agua y aceite caliente y gritos de lamento de los torturados. Al otro día se observó en el patio, tirados en el suelo, varios cadáveres y a dos mujeres, Catalina y Mónica, en muy malas condiciones físicas. Ese mismo día los cadáveres de Mónica Pacheco Sánchez, Catalina Gallardo Moreno, Alberto Gallardo Pacheco, Luís Andrés Gangas Torres, Pedro Blas Cortés Jeldres y Manuel Lautaro Reyes Garrido, fueron trasladados desde Villa Grimaldi, por personal de la DINA al mando del capitán de Ejército Germán Barriga Muñoz y del capitán de Carabineros Ricardo Lawrence Mires, hasta el recinto denominado Rinconada de Maipú, con la finalidad de aparentar un enfrentamiento entre estos detenidos y personal de la DINA”, precisa el ministro Llanos en su resolución.

LA VERSIÓN ENTREGADA POR LA DICTADURA

“En la tarde del 19 de noviembre un comunicado de prensa del Gobierno dio cuenta de “un enfrentamiento” en los cerros de la Rinconada de Maipú, en el que habrían muerto Alberto Recaredo Gallardo Pacheco, Catalina Ester Gallardo Moreno, Mónica del Carmen Pacheco Sánchez, Luís Andrés Ganga y otros dos hombres. El comunicado señalaba lo siguiente “…hoy 19 de noviembre, a las 12:00 horas en los cerros de Rinconada de Maipú, se registró un violento enfrentamiento a tiros de más de treinta minutos de duración entre las fuerzas de la DINA e Investigaciones y el grupo de extremistas que se parapeto fuertemente armado en ese cerro. Resultando muertos seis extremistas, huyendo uno de ellos. Al mismo tiempo fueron heridos dos funcionarios de los servicios de inteligencia y seguridad con diagnóstico, uno grave y el otro menos grave. ..Se ha podido arribar a las siguientes conclusiones, los extremistas muertos son Mónica Pacheco Sánchez alias Myriam, del MIR… casada con Roberto Gallardo Moreno alias Juan, del MIR, quien resultó muerto en el tiroteo registrado en la escuela N° 51 el lunes pasado. Catalina Gallardo Moreno del MIR…. Manuel Lautaro Reyes Garrido, perteneciente al MIR, Alberto Gallardo Pacheco perteneciente al MIR, Luis Andrés Gangas Torres alias Jaime o Lucho Cárcamo del MIR y Pedro Blas Cortés Jeldres del Partido Comunista, alias ‘Marcos’…”, detalla el texto judicial.

“En realidad, se realizó un “montaje” para impedir su descubrimiento, destinado a ocultar los hechos efectivamente ocurridos -esto es, torturas y muertes de víctimas desvalidas- y los efectos utilizados para la comisión de los mismos, existiendo, además, favorecimiento personal, por existir conocimiento de las circunstancias de los ilícitos, para lograr la impunidad de los autores de los mismos, miembros de la DINA”, concluye el ministro Leopoldo Llanos.

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CECT: POR EL RESPETO DEL DERECHO A LA VIDA Y A LA JUSTICIA: ALTO A LA REPRESION

Manuel Andrade: mandradecultura@gmail.com

Ante el asesinato de Nelson Quichillao López y la recurrente represión a los movimientos sociales, la Comisión Ética Contra la Tortura se hace un deber denunciar lo siguiente:

1.- La persistencia de la movilización social en nuestro país, se sigue topando repetidas veces con las mismas prácticas represivas heredadas de la dictadura y que supuestamente habíamos dejado atrás. La democracia en Chile ha llegado a tal punto en el ejercicio de la represión que la criminalización de la protesta social parece no ser suficiente para contener las demandas por los derechos que exigen desde distintos puntos del país, los trabajadores, estudiantes, pobladores y pueblos originarios.

2- El día viernes, 24 de julio, la Confederación de Trabajadores del Cobre informó del asesinato, por bala, del trabajador Nelson Quichillao López, de 47 años, perteneciente a la empresa contratista Geovita. En la madrugada Fuerzas Especiales de Carabineros de Chile disparó un total de 30 tiros para cumplir con su objetivo de despejar el acceso a la empresa ocupado por los trabajadores; el contingente policial había salido a las 11 de la noche del jueves 23 de julio con la instrucción de desalojar a los trabajadores que exigían la instalación de una Mesa de Negociación a Codelco en el marco de una huelga iniciada el día martes 21 de julio.

3.- La policía ha mostrado un video para justificar el uso de sus armas de fuego contra los trabajadores; sin embargo, dicho video no tiene audio y por tanto no permite comprobar que la policía actuó conforme al principio de gradualidad en el uso de la fuerza y no se puede comprobar que llamó a los trabajadores a retirarse antes de actuar.

4.- Nos llama la atención el actuar policial en medio de la noche y la misión de despejar el acceso a la empresa, resulta un contrasentido, por cuanto a esas horas, NADIE entra o sale de ella.

5.-   Nos parece que más bien se trata de una acción represiva desmedida, que buscaba amedrentar, desarticular y destruir la movilización; no nos parece un procedimiento democrático el envío de un contingente policial para atacar en medio de la oscuridad y en altas horas de la madrugada, sin testigos, incluso sin sus drones, a quienes habían obligado a la empresa estatal a detener su funcionamiento en demanda de sus derechos.

6.- El asesinato de Nelson Quichillao López; de los comuneros mapuches Alex Lemun (2002), Matías Catrileo (2008), Johnny Cariqueo (2008) y Jaime Mendoza Collío (2009); del trabajador Rodrigo Cisterna (2007) y del estudiante Manuel Gutiérrez (2011), entre otros, son pérdidas de vidas humanas, a manos de una policía entrenada para tratar a los ciudadanos como sus enemigos, en la misma lógica del “enemigo interno” que permite graves violaciones a los derechos humanos, dado que actúa como en un sistema de excepción. Se trata de un actuar policial que, con el  apoyo de organismos de inteligencia, mutila personas y marca sus cuerpos de manera visible; secuestra, propina castigos ejemplares y con saña, sobre todo a dirigentes específicos. Estamos, en definitiva, presenciando cómo los aparatos represivos pasan del uso desproporcionado de la fuerza al accionar criminal y terrorista. Es este mismo contexto el que permite comprender las torturas sufridas por  Cristóbal Miranda y Germán Urrutia; el encarcelamiento de otros seis estudiantes universitarios acusados de actos terroristas y de un estudiante menor de edad del Liceo Manuel Barros Borgoño y un sinnúmero de personas que han perdido sus ojos por disparos de la policía.

7.- El silencio de los gobiernos llamados democráticos ante estas prácticas, demuestran que en nuestro país, hay personas que pierden la VIDA porque no existe libertad de expresión, derecho de reunión y menos derecho a manifestación y petición.

8.- Finalmente, como organización de defensa de los derechos humanos denunciamos esta práctica como una política de Estado y el asesinato de Nelson Quichillao López, es una responsabilidad que recae sobre el Gobierno de Michelle Bachelet y de su Ministro del Interior a quienes les exigimos investigación exhaustiva e identificación de los responsables; llamamos al Gobierno a detener la represión, asegurar el respeto pleno del derecho a la VIDA y a la JUSTICIA.

Comunidad mapuche emite comunicado ante desaparición de Cristian Levinao de CET de Angol 21 Julio, 2015 | Por Equipo Mapuche

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ERCILLA/ Mediante un comunicado publico enviado a werken.cl la comunidad Mapuche Cacique José Quiñon hace responsable al Estado Chileno en caso de que ocurriera cualquier desgracia a Cristian Levinao además catalogan  en calidad de DESAPARECIDO al no saber nada se paradero.

También realizan un llamado a todas las Comunidades de la Octava y Novena región a que solidaricen y acojan al hermano mapuche, si fuera necesario, además en misiva reiteran que Levinaoes inocentemente, y que no es un peligro para la sociedad., aun así el fiscal Luís Chamorro, con pruebas inventadas logro encarcelar a varios de los hermanos mapuche que se encuentran privados de libertad.

REPRODUCIMOS COMUNICADO PUBLICO

La comunidad Mapuche Cacique José Guiñon de la Comuna de Ercilla, Sector Pidima.

Preocupados por lo ocurrido, en el CET de Angol , ante la desaparición del comunero Cristian Pablo Levinao Melinao de la comunidad Mapuche Rayen Mapu, hace hincapié que el Estado Chileno, es responsable en caso de que ocurriera cualquier desgracia a nuestro peñi, ya que el subrogante del Intendente de la Región de la Araucanía y el Senador de la Republica Alberto Espina, han interpuesto querellas en Angol en contra del comunero mapuche, sin que hasta este momento se sepa nada de su paradero, por lo que para nosotros su condición es de DESAPARECIDO, lo que hoy denunciamos ante la comunidad nacional e internacional, nadie, ni siquiera su familia tiene indicios de donde y en qué situación se encuentra nuestro hermano.

Solo sabemos del comunicado emanado de gendarmería dando cuenta de una Supuesta Fuga

Se llama a todas las Comunidades de la Octava y Novena región a que solidaricen y acojan al hermano mapuche, si fuera necesario, a los dirigentes sociales, movimientos estudiantiles, a que apoyen nuestra causa y denuncias de los permanentes atropellos y violencia sistemática que se aplica día a día a nuestros jóvenes, vulnerando todos nuestros derechos fundamentales y como pueblo Mapuche, por parte del Estado Chileno por medio de sus Instituciones.

Sabemos que el peñi es condenado inocentemente, y que no es un peligro para la sociedad., aun así el fiscal Luis Chamorro, con pruebas inventadas logro encarcelar a varios de los hermanos mapuche que se encuentran privados de libertad.

José Cariqueo

Lonko Comunidad Mapuche Cacique José Guiñon

Manuel Andrade Valenzuela

Comisión Ética Contra la Tortura

www.contralatortura.cl

FOTOGRAFIADO EN SANTIAGO AGENTE PRÓFUGO DE LA DINA

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Fuente: Villa grimaldi/Kaos en la red

El fugitivo Daniel Cancino cambió de aspecto físico. Fue fotografiado en cajeros automáticos. Ricardo Lawrence también fue detectado en la Región Metropolitana, mientras Rubén Fiedler habría salido del país. Son buscados intensamente por la PDI.

Villa Grimaldi calificó el hecho como una “burla y rechazó la impunidad de la cual gozan”. Hay 4 condenados por violaciones a los DDHH que rehúyen la acción de la justicia.

La Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi denunció “como una burla a los familiares de los detenidos desaparecidos y ejecutados durante la dictadura, que dos agentes de la ex Dirección de Inteligencia Nacional (DINA),  condenados por la Corte Suprema se encuentren prófugos y se paseen por Santiago”.

Fuentes ligadas a la investigación informaron a www.villagrimaldi.cl que se detectó al fugitivo Daniel Cancino Varas en varios lugares de la  capital, con otro aspecto, (ver fotografía adjunta).Se trata del momento en que acudió a cajeros automáticos.

Cancino, ex miembro de la Policía de Investigaciones, está condenado a 10 años y un día de presidio por la Corte Suprema por la desaparición forzada de 8 personas desde el ex centro de tortura y exterminio de Villa Grimaldi luego de ser detenidos en 1975 en la Quinta Región.

Por este mismo caso está condenado a 5 años y un día de cárcel  Rubén Fiedler Alvarado, ex oficial del Ejército, quien habría salido del país.

En tanto, Ricardo Víctor Lawrence Mires, ex oficial de Carabineros fue condenado por la Corte Suprema el 30 de abril por la desaparición de Alfonso Chanfreau Oyarce desde Londres 38 en 1974. Lawrence habría cambiado de “look” y usaría bigotes tipo mexicano. Se provee de dinero en cajeros automáticos en Santiago.

Otro prófugo condenado por el más alto tribunal del país, es Walter Klug Rivera, sentenciado a 10 años y 1 día de presidio por las desapariciones y homicidios calificados de 23 trabajadores de las centrales hidroeléctricas El Toro y El Abanico en 1973.

RECUPERACIÓN Y FINANCIAMIENTO ESTATAL PARA LUGARES DONDE SE COMETIERON CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD

Las organizaciones de derechos humanos elaboraron una agenda de trabajo que permita -desde la descentralización- la búsqueda de apoyo integral a los proyectos de recuperación de sitios, incluyendo formas de financiamiento estatal.

Una fuerte demanda al Estado, y en particular al gobierno, para que se defina una política nacional que permita la recuperación y sostenibilidad de los sitios de memoria a la lo largo de Chile, expresaron más de una veintena de organizaciones vinculadas a estos lugares donde se cometieron crímenes de lesa humanidad durante la dictadura cívico militar.

Las organizaciones de derechos humanos elaboraron una agenda de trabajo que permita -desde la descentralización- la búsqueda de apoyo integral a los proyectos de recuperación de sitios, incluyendo formas de financiamiento estatal. Para los sitios de memoria, el Estado no puede desentenderse de su obligación y compromiso de generar condiciones para fortalecer esta forma de reparación social, así como de otras medidas anunciadas para conseguir verdad, justicia, reparación y memoria sobre los crímenes de lesa humanidad.

La reunión, a la que asistieron representantes de todo el país, desde las ciudades de Iquique en el norte, hasta la austral Punta Arenas, se realizó en las dependencias de la Corporación Estadio Nacional, Memoria Nacional, ubicado en el principal recinto deportivo del país, y en la inauguración, la anfitriona, Wally Kunstman, señaló que cuando nadie hablaba de un Museo de la Memoria, como el que existe hoy en Chile, las organizaciones de la sociedad civil luchaban por recuperar los espacios físicos donde se cometieron crímenes contra la humanidad.

En el mismo sentido, Alberto Rodríguez director de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, dijo que la recuperación de cada sitio “ha sido fruto de un largo esfuerzo y trabajo, de la acción decidida de familiares, sobrevivientes y organizaciones sociales”. Asimismo, valoró la articulación para compartir experiencias respecto a los requerimientos de todos, especialmente aquellos “sitios que están proceso de recuperación, dado que no es fácil lograr apoyo de parte del Estado”.

A la apertura del encuentro asistió el secretario ejecutivo del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Francisco Ugás, la única autoridad invitada. El funcionario dijo que un informe de la mesa de trabajo gubernamental creada para tratar el asunto de los sitios de memoria consideró fundamental incorporar a la sociedad civil al trabajo de recuperación de estos lugares. “No queremos que se asuma el rol paternalista que históricamente ha asumido nuestro Estado”.

Dicha instancia es encabezada por Ugás y los ministerios de Defensa, Obras Públicas, Justicia, Educación, la Cancillería, el Consejo de la Cultura y las Artes, el Consejo de Monumentos Nacionales, el Archivo Nacional, el Museo de la Memoria y los DDHH. y el Instituto Nacional de DDHH.

“Al momento de realizar un diagnóstico inicial, nuestro Estado no tiene políticas claras consistentes, sustantivas, considerando los graves crímenes de lesa humanidad, según el derecho internacional, que nos imponen como Estado, la obligación de investigarlos, sancionar a los responsables, reparar a las víctimas y garantizar la no reiteración”.

Al término del encuentro, Ana Guerra, vicepresidenta de la Agrupación Hijos y Nietos por la Memoria de Punta Arenas, nieta de Atilio Encina, ex prisionero en Isla Dawson, consideró gratificante conocer la experiencia de sus pares,”nos hace sentir que estamos menos solos, no toda la gente está preocupada de trabajar por esto”.

En tanto, Mirko Caracciolo, representante del sitio Rocas de Santo Domingo, cuna de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), hijo del ex preso político Cosme Caracciolo, dijo aplaudir “habernos encontrado de norte, centro y sur. Estamos todos trabajando en la recuperación de la memoria histórica y en la defensa de los DD.HH., además, la unidad, la transferencia de informaciones de los sitios de memoria más sólidos a aquellos que se están formando es importante”.

COMISIÓN CIVIL DE CARABINEROS DE CHILE DETIENE, GOLPEA Y SECUESTRA A MENOR DE EDAD

Numerosos estIncidentes_en_Marcha_Nacional_de_los_DDHHudiantes del Liceo Cervantes fueron testigos el jueves 9 de julio de 2015, del secuestro ocurrido en Calle García Reyes con Alameda, del estudiante Pablo Antonio del Pozo Vasquez, de 15 años, Vice Presidente del Centro de Alumnos del Liceo Cervantes que esta tarde a las 19:30 horas aproximadamente, fue reducido y detenido, en un número de 10 efectivos de civil, que lo golpearon en su cara y pierna y lo subieron a un vehículo con destino desconocido.

Sus compañeros fueron inmediatamente a la Tercera Comisaría de Santiago ubicada en calle Agustinas entre San Martín y Tucapel Jiménez para colocar una denuncia sobre estos hechos y se encontraron que Pablo estaba detenido en ese recinto.

Según lo declarado por Carabineros de Chile, la Comisión Civil de esa institución que estuvo a cargo del procedimiento actuó y detuvo al joven dado que “confundieron” un tubo metálico que estaba en una mesa con una “escopeta recortada”.

Como integrantes de la Comisión Ética Contra la Tortura hemos ido a la Tercera Comisaría donde hemos encontrado al destacado abogado de Derechos Humanos Hiram Villagra que acababa de conversar con Pablo y nos confirmó la violencia con la que actúo la Comisión Civil. También nos informó que el Fiscal de turno dio orden perentoria de libertad, pero antes debe haber constatación de lesiones por parte de un servicio médico público. Trámite que puede tomar un tiempo prolongado.

Resulta extraño que la única persona detenida sea justamente un dirigente del Centro de Alumnos de un establecimiento educacional que se encuentra en paro y ocupado por sus estudiantes. Resulta extraño que policías experimentados no puedan distinguir entre un tubo metálico y un arma; resulta extraño que esta policía de civil actué en las cercanías de los recintos estudiantiles, no se identifique y vestidos de civil actúen del mismo modo que la policía política de antaño cuando secuestraba opositores a la dictadura. Sin embargo, no nos resulta extraño que lo primero que hagan sea golpear a las personas sean o no sean “culpables” de delitos que ellos imaginan como lo es en este caso.

A nuestro juicio, esta estrategia represiva es una agudización de los métodos policiales de amedrentamiento y de criminalización que se siguen ejerciendo contra los estudiantes y sus reclamos por el derecho a la Educación Pública.

Solicitamos al Gobierno y al Ministerio del Interior en particular detener estas prácticas que niegan la libertad de expresión, el derecho a protesta y sobre todo, violentan la integridad física y psíquica de las personas, y violan los derechos de los menores de edad en nuestro país.

Recordamos a la Presidenta Bachelet que existen compromisos por ella misma firmados en el año 2009, para colocar en funcionamiento el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes y que aun no ha visto la luz del día; este mecanismo sería la entidad encargada de investigar este tipo de denuncias y llevar ante los tribunales a los agentes del Estado responsables de actos reñidos con la ética y dignidad humana. A la fecha, aun no se incorpora al ordenamiento penal la tipificación del delito de tortura y sus sanciones, por lo que actos como los que realiza la Comisión Civil de Carabineros de Chile, quedan impunes, contraviniendo los compromisos del Estado chileno ante Naciones Unidas en relación a la Convención Internacional contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.

 SE SOLICITA LA MÁS AMPLIA DIFUSIÓN.

Fraternalmente,

Juana Aguilera 

Presidenta 

Comisión Ética Contra la Tortura