CECT: POR EL RESPETO DEL DERECHO A LA VIDA Y A LA JUSTICIA: ALTO A LA REPRESION

Manuel Andrade: mandradecultura@gmail.com

Ante el asesinato de Nelson Quichillao López y la recurrente represión a los movimientos sociales, la Comisión Ética Contra la Tortura se hace un deber denunciar lo siguiente:

1.- La persistencia de la movilización social en nuestro país, se sigue topando repetidas veces con las mismas prácticas represivas heredadas de la dictadura y que supuestamente habíamos dejado atrás. La democracia en Chile ha llegado a tal punto en el ejercicio de la represión que la criminalización de la protesta social parece no ser suficiente para contener las demandas por los derechos que exigen desde distintos puntos del país, los trabajadores, estudiantes, pobladores y pueblos originarios.

2- El día viernes, 24 de julio, la Confederación de Trabajadores del Cobre informó del asesinato, por bala, del trabajador Nelson Quichillao López, de 47 años, perteneciente a la empresa contratista Geovita. En la madrugada Fuerzas Especiales de Carabineros de Chile disparó un total de 30 tiros para cumplir con su objetivo de despejar el acceso a la empresa ocupado por los trabajadores; el contingente policial había salido a las 11 de la noche del jueves 23 de julio con la instrucción de desalojar a los trabajadores que exigían la instalación de una Mesa de Negociación a Codelco en el marco de una huelga iniciada el día martes 21 de julio.

3.- La policía ha mostrado un video para justificar el uso de sus armas de fuego contra los trabajadores; sin embargo, dicho video no tiene audio y por tanto no permite comprobar que la policía actuó conforme al principio de gradualidad en el uso de la fuerza y no se puede comprobar que llamó a los trabajadores a retirarse antes de actuar.

4.- Nos llama la atención el actuar policial en medio de la noche y la misión de despejar el acceso a la empresa, resulta un contrasentido, por cuanto a esas horas, NADIE entra o sale de ella.

5.-   Nos parece que más bien se trata de una acción represiva desmedida, que buscaba amedrentar, desarticular y destruir la movilización; no nos parece un procedimiento democrático el envío de un contingente policial para atacar en medio de la oscuridad y en altas horas de la madrugada, sin testigos, incluso sin sus drones, a quienes habían obligado a la empresa estatal a detener su funcionamiento en demanda de sus derechos.

6.- El asesinato de Nelson Quichillao López; de los comuneros mapuches Alex Lemun (2002), Matías Catrileo (2008), Johnny Cariqueo (2008) y Jaime Mendoza Collío (2009); del trabajador Rodrigo Cisterna (2007) y del estudiante Manuel Gutiérrez (2011), entre otros, son pérdidas de vidas humanas, a manos de una policía entrenada para tratar a los ciudadanos como sus enemigos, en la misma lógica del “enemigo interno” que permite graves violaciones a los derechos humanos, dado que actúa como en un sistema de excepción. Se trata de un actuar policial que, con el  apoyo de organismos de inteligencia, mutila personas y marca sus cuerpos de manera visible; secuestra, propina castigos ejemplares y con saña, sobre todo a dirigentes específicos. Estamos, en definitiva, presenciando cómo los aparatos represivos pasan del uso desproporcionado de la fuerza al accionar criminal y terrorista. Es este mismo contexto el que permite comprender las torturas sufridas por  Cristóbal Miranda y Germán Urrutia; el encarcelamiento de otros seis estudiantes universitarios acusados de actos terroristas y de un estudiante menor de edad del Liceo Manuel Barros Borgoño y un sinnúmero de personas que han perdido sus ojos por disparos de la policía.

7.- El silencio de los gobiernos llamados democráticos ante estas prácticas, demuestran que en nuestro país, hay personas que pierden la VIDA porque no existe libertad de expresión, derecho de reunión y menos derecho a manifestación y petición.

8.- Finalmente, como organización de defensa de los derechos humanos denunciamos esta práctica como una política de Estado y el asesinato de Nelson Quichillao López, es una responsabilidad que recae sobre el Gobierno de Michelle Bachelet y de su Ministro del Interior a quienes les exigimos investigación exhaustiva e identificación de los responsables; llamamos al Gobierno a detener la represión, asegurar el respeto pleno del derecho a la VIDA y a la JUSTICIA.

Comunidad mapuche emite comunicado ante desaparición de Cristian Levinao de CET de Angol 21 Julio, 2015 | Por Equipo Mapuche

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ERCILLA/ Mediante un comunicado publico enviado a werken.cl la comunidad Mapuche Cacique José Quiñon hace responsable al Estado Chileno en caso de que ocurriera cualquier desgracia a Cristian Levinao además catalogan  en calidad de DESAPARECIDO al no saber nada se paradero.

También realizan un llamado a todas las Comunidades de la Octava y Novena región a que solidaricen y acojan al hermano mapuche, si fuera necesario, además en misiva reiteran que Levinaoes inocentemente, y que no es un peligro para la sociedad., aun así el fiscal Luís Chamorro, con pruebas inventadas logro encarcelar a varios de los hermanos mapuche que se encuentran privados de libertad.

REPRODUCIMOS COMUNICADO PUBLICO

La comunidad Mapuche Cacique José Guiñon de la Comuna de Ercilla, Sector Pidima.

Preocupados por lo ocurrido, en el CET de Angol , ante la desaparición del comunero Cristian Pablo Levinao Melinao de la comunidad Mapuche Rayen Mapu, hace hincapié que el Estado Chileno, es responsable en caso de que ocurriera cualquier desgracia a nuestro peñi, ya que el subrogante del Intendente de la Región de la Araucanía y el Senador de la Republica Alberto Espina, han interpuesto querellas en Angol en contra del comunero mapuche, sin que hasta este momento se sepa nada de su paradero, por lo que para nosotros su condición es de DESAPARECIDO, lo que hoy denunciamos ante la comunidad nacional e internacional, nadie, ni siquiera su familia tiene indicios de donde y en qué situación se encuentra nuestro hermano.

Solo sabemos del comunicado emanado de gendarmería dando cuenta de una Supuesta Fuga

Se llama a todas las Comunidades de la Octava y Novena región a que solidaricen y acojan al hermano mapuche, si fuera necesario, a los dirigentes sociales, movimientos estudiantiles, a que apoyen nuestra causa y denuncias de los permanentes atropellos y violencia sistemática que se aplica día a día a nuestros jóvenes, vulnerando todos nuestros derechos fundamentales y como pueblo Mapuche, por parte del Estado Chileno por medio de sus Instituciones.

Sabemos que el peñi es condenado inocentemente, y que no es un peligro para la sociedad., aun así el fiscal Luis Chamorro, con pruebas inventadas logro encarcelar a varios de los hermanos mapuche que se encuentran privados de libertad.

José Cariqueo

Lonko Comunidad Mapuche Cacique José Guiñon

Manuel Andrade Valenzuela

Comisión Ética Contra la Tortura

www.contralatortura.cl

FOTOGRAFIADO EN SANTIAGO AGENTE PRÓFUGO DE LA DINA

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Fuente: Villa grimaldi/Kaos en la red

El fugitivo Daniel Cancino cambió de aspecto físico. Fue fotografiado en cajeros automáticos. Ricardo Lawrence también fue detectado en la Región Metropolitana, mientras Rubén Fiedler habría salido del país. Son buscados intensamente por la PDI.

Villa Grimaldi calificó el hecho como una “burla y rechazó la impunidad de la cual gozan”. Hay 4 condenados por violaciones a los DDHH que rehúyen la acción de la justicia.

La Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi denunció “como una burla a los familiares de los detenidos desaparecidos y ejecutados durante la dictadura, que dos agentes de la ex Dirección de Inteligencia Nacional (DINA),  condenados por la Corte Suprema se encuentren prófugos y se paseen por Santiago”.

Fuentes ligadas a la investigación informaron a www.villagrimaldi.cl que se detectó al fugitivo Daniel Cancino Varas en varios lugares de la  capital, con otro aspecto, (ver fotografía adjunta).Se trata del momento en que acudió a cajeros automáticos.

Cancino, ex miembro de la Policía de Investigaciones, está condenado a 10 años y un día de presidio por la Corte Suprema por la desaparición forzada de 8 personas desde el ex centro de tortura y exterminio de Villa Grimaldi luego de ser detenidos en 1975 en la Quinta Región.

Por este mismo caso está condenado a 5 años y un día de cárcel  Rubén Fiedler Alvarado, ex oficial del Ejército, quien habría salido del país.

En tanto, Ricardo Víctor Lawrence Mires, ex oficial de Carabineros fue condenado por la Corte Suprema el 30 de abril por la desaparición de Alfonso Chanfreau Oyarce desde Londres 38 en 1974. Lawrence habría cambiado de “look” y usaría bigotes tipo mexicano. Se provee de dinero en cajeros automáticos en Santiago.

Otro prófugo condenado por el más alto tribunal del país, es Walter Klug Rivera, sentenciado a 10 años y 1 día de presidio por las desapariciones y homicidios calificados de 23 trabajadores de las centrales hidroeléctricas El Toro y El Abanico en 1973.

RECUPERACIÓN Y FINANCIAMIENTO ESTATAL PARA LUGARES DONDE SE COMETIERON CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD

Las organizaciones de derechos humanos elaboraron una agenda de trabajo que permita -desde la descentralización- la búsqueda de apoyo integral a los proyectos de recuperación de sitios, incluyendo formas de financiamiento estatal.

Una fuerte demanda al Estado, y en particular al gobierno, para que se defina una política nacional que permita la recuperación y sostenibilidad de los sitios de memoria a la lo largo de Chile, expresaron más de una veintena de organizaciones vinculadas a estos lugares donde se cometieron crímenes de lesa humanidad durante la dictadura cívico militar.

Las organizaciones de derechos humanos elaboraron una agenda de trabajo que permita -desde la descentralización- la búsqueda de apoyo integral a los proyectos de recuperación de sitios, incluyendo formas de financiamiento estatal. Para los sitios de memoria, el Estado no puede desentenderse de su obligación y compromiso de generar condiciones para fortalecer esta forma de reparación social, así como de otras medidas anunciadas para conseguir verdad, justicia, reparación y memoria sobre los crímenes de lesa humanidad.

La reunión, a la que asistieron representantes de todo el país, desde las ciudades de Iquique en el norte, hasta la austral Punta Arenas, se realizó en las dependencias de la Corporación Estadio Nacional, Memoria Nacional, ubicado en el principal recinto deportivo del país, y en la inauguración, la anfitriona, Wally Kunstman, señaló que cuando nadie hablaba de un Museo de la Memoria, como el que existe hoy en Chile, las organizaciones de la sociedad civil luchaban por recuperar los espacios físicos donde se cometieron crímenes contra la humanidad.

En el mismo sentido, Alberto Rodríguez director de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, dijo que la recuperación de cada sitio “ha sido fruto de un largo esfuerzo y trabajo, de la acción decidida de familiares, sobrevivientes y organizaciones sociales”. Asimismo, valoró la articulación para compartir experiencias respecto a los requerimientos de todos, especialmente aquellos “sitios que están proceso de recuperación, dado que no es fácil lograr apoyo de parte del Estado”.

A la apertura del encuentro asistió el secretario ejecutivo del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Francisco Ugás, la única autoridad invitada. El funcionario dijo que un informe de la mesa de trabajo gubernamental creada para tratar el asunto de los sitios de memoria consideró fundamental incorporar a la sociedad civil al trabajo de recuperación de estos lugares. “No queremos que se asuma el rol paternalista que históricamente ha asumido nuestro Estado”.

Dicha instancia es encabezada por Ugás y los ministerios de Defensa, Obras Públicas, Justicia, Educación, la Cancillería, el Consejo de la Cultura y las Artes, el Consejo de Monumentos Nacionales, el Archivo Nacional, el Museo de la Memoria y los DDHH. y el Instituto Nacional de DDHH.

“Al momento de realizar un diagnóstico inicial, nuestro Estado no tiene políticas claras consistentes, sustantivas, considerando los graves crímenes de lesa humanidad, según el derecho internacional, que nos imponen como Estado, la obligación de investigarlos, sancionar a los responsables, reparar a las víctimas y garantizar la no reiteración”.

Al término del encuentro, Ana Guerra, vicepresidenta de la Agrupación Hijos y Nietos por la Memoria de Punta Arenas, nieta de Atilio Encina, ex prisionero en Isla Dawson, consideró gratificante conocer la experiencia de sus pares,”nos hace sentir que estamos menos solos, no toda la gente está preocupada de trabajar por esto”.

En tanto, Mirko Caracciolo, representante del sitio Rocas de Santo Domingo, cuna de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), hijo del ex preso político Cosme Caracciolo, dijo aplaudir “habernos encontrado de norte, centro y sur. Estamos todos trabajando en la recuperación de la memoria histórica y en la defensa de los DD.HH., además, la unidad, la transferencia de informaciones de los sitios de memoria más sólidos a aquellos que se están formando es importante”.

COMISIÓN CIVIL DE CARABINEROS DE CHILE DETIENE, GOLPEA Y SECUESTRA A MENOR DE EDAD

Numerosos estIncidentes_en_Marcha_Nacional_de_los_DDHHudiantes del Liceo Cervantes fueron testigos el jueves 9 de julio de 2015, del secuestro ocurrido en Calle García Reyes con Alameda, del estudiante Pablo Antonio del Pozo Vasquez, de 15 años, Vice Presidente del Centro de Alumnos del Liceo Cervantes que esta tarde a las 19:30 horas aproximadamente, fue reducido y detenido, en un número de 10 efectivos de civil, que lo golpearon en su cara y pierna y lo subieron a un vehículo con destino desconocido.

Sus compañeros fueron inmediatamente a la Tercera Comisaría de Santiago ubicada en calle Agustinas entre San Martín y Tucapel Jiménez para colocar una denuncia sobre estos hechos y se encontraron que Pablo estaba detenido en ese recinto.

Según lo declarado por Carabineros de Chile, la Comisión Civil de esa institución que estuvo a cargo del procedimiento actuó y detuvo al joven dado que “confundieron” un tubo metálico que estaba en una mesa con una “escopeta recortada”.

Como integrantes de la Comisión Ética Contra la Tortura hemos ido a la Tercera Comisaría donde hemos encontrado al destacado abogado de Derechos Humanos Hiram Villagra que acababa de conversar con Pablo y nos confirmó la violencia con la que actúo la Comisión Civil. También nos informó que el Fiscal de turno dio orden perentoria de libertad, pero antes debe haber constatación de lesiones por parte de un servicio médico público. Trámite que puede tomar un tiempo prolongado.

Resulta extraño que la única persona detenida sea justamente un dirigente del Centro de Alumnos de un establecimiento educacional que se encuentra en paro y ocupado por sus estudiantes. Resulta extraño que policías experimentados no puedan distinguir entre un tubo metálico y un arma; resulta extraño que esta policía de civil actué en las cercanías de los recintos estudiantiles, no se identifique y vestidos de civil actúen del mismo modo que la policía política de antaño cuando secuestraba opositores a la dictadura. Sin embargo, no nos resulta extraño que lo primero que hagan sea golpear a las personas sean o no sean “culpables” de delitos que ellos imaginan como lo es en este caso.

A nuestro juicio, esta estrategia represiva es una agudización de los métodos policiales de amedrentamiento y de criminalización que se siguen ejerciendo contra los estudiantes y sus reclamos por el derecho a la Educación Pública.

Solicitamos al Gobierno y al Ministerio del Interior en particular detener estas prácticas que niegan la libertad de expresión, el derecho a protesta y sobre todo, violentan la integridad física y psíquica de las personas, y violan los derechos de los menores de edad en nuestro país.

Recordamos a la Presidenta Bachelet que existen compromisos por ella misma firmados en el año 2009, para colocar en funcionamiento el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes y que aun no ha visto la luz del día; este mecanismo sería la entidad encargada de investigar este tipo de denuncias y llevar ante los tribunales a los agentes del Estado responsables de actos reñidos con la ética y dignidad humana. A la fecha, aun no se incorpora al ordenamiento penal la tipificación del delito de tortura y sus sanciones, por lo que actos como los que realiza la Comisión Civil de Carabineros de Chile, quedan impunes, contraviniendo los compromisos del Estado chileno ante Naciones Unidas en relación a la Convención Internacional contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.

 SE SOLICITA LA MÁS AMPLIA DIFUSIÓN.

Fraternalmente,

Juana Aguilera 

Presidenta 

Comisión Ética Contra la Tortura

BEBÉ CHILENO ROBADO EN DICTADURA SE REENCUENTRA CON SU MADRE BIOLÓGICA 41 AÑOS DESPUÉS

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Una joven madre, de entonces 19 años, dio a luz un bebé que fue dado por muerto en el Hospital Van Buren en noviembre de 1973. 41 años después, Travis Tolliver se reunió con su madre biológica. Esta es su emocionante historia.

Travis Tolliver habría sido uno de los denominados “niños del silencio”, bebés que eran robados que pertenecen al denominado caso del sacerdote Gerardo Joannon -quien actuó como intermediario secreto entre las familias acomodadas de Chile-, dados por muertos y entregados en adopción ilegalmente. Recientemente logró encontrar a su madre biológica, Nelly Reyes, de quien nació en el recinto hospitalario de Valparaíso y donde no le ningún certificado de defunción.

El bebé recién nacido terminó viviendo a miles de kilómetros de allí; creció en Tacoma, Washington (Estados Unidos), con una pareja que no tenía idea de que su madre biológica lloraba y trataba desesperadamente de encontrar a su hijo.

Tolliver dice que siempre supo que era adoptado. Lo que el supervisor de un centro de distribución de importaciones de 41 años no sabía es que lo habían robado cuando era bebé en su natal Chile, unas horas después de haber nacido.

Espera que saber la verdad sobre su pasado le permita superar un trauma psicológico que ha sufrido desde que tiene memoria. Dice que tiene “problemas de abandono”.

“Ya saben, no me habían entregado voluntariamente como lo creí durante todos estos años, así que eso hace que mi corazón se sienta maravillosamente, pero se trata de reconciliarse con eso. Todo esto me parece irreal”, dijo Tolliver.

Según reveló la investigación periodística emitida en CNN en Español, Nelly Reyes, la madre de Travis, había tenido un embarazo normal cuando tenía 19 años y que terminó a las 16:00 del 15 de noviembre de 1973. Sin embargo, “más tarde me dijeron que había muerto” producto de un trastorno cardíaco, pero nunca le mostraron el cadáver ni le dieron un certificado de defunción.

Travis y Nelly se conocieron finalmente, después de 40 años, y ahora investigan junto al Sename qué pasó en realidad. “Lo abrazaré todos los días. Lo amo tanto”, dijo la madre que no habla inglés y su hijo, tampoco español.

Los sentimientos que afloraron en ese abrazo en el aeropuerto fueron la culminación de cuatro décadas de tribulación, de mentiras, de engaños, de delitos y de una injusticia que separó a una madre de su hijo al nacer.

Él, en tanto, contó que siempre pensó que había sido abandonado porque eso le dijeron sus papás, y eso le produjo un trauma que ahora debe superar con más fuerza.

Tolliver lloraba de alegría. “No sé cómo me siento. ¡Es una locura! No pensé que esto podría pasar. Ya saben, no me habían entregado voluntariamente como lo creí durante todos estos años, así que eso hace que mi corazón se sienta maravillosamente, pero se trata de reconciliarse con eso. Todo esto me parece irreal”, dijo.

Su madre, Nelly Reyes, de 61 años, apenas podía hablar. “Lo abrazaré todos los días. Lo amo tanto”, dijo. Reyes, ha cocinado para él todos los días y se afana por hacerlo sentir bienvenido. Él no habla español y ella no habla inglés.

Pero más que nada, ella le ha estado demostrando su amor; le da a su hijo los abrazos y los besos que no pudo darle en todos los años que han pasado.

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UNA TAREA PENDIENTE: BORRAR LOS VESTIGIOS DE LA DICTADURA

  • imagesCALG006MAún perduran símbolos que rinden “homenaje” a Pinochet. No se trata solo de calles, carreteras, monolitos o plazas, también de otras evocaciones: desde la Carretera Austral hasta las Isapres y AFP, símbolos de un modelo de desigualdad que se resiste a desaparecer.
  • ¿Expresión del poder fáctico de la derecha político-empresarial o desidia de los sectores progresistas?

Países que vivieron etapas oscuras en sus historias, han enfrentado más temprano que tarde sus realidades y han eliminado toda huella que les recuerde a aquellos que mancharon sus memorias. La apología del nazismo en Alemania se sanciona penalmente, a pesar que algunos por ignorancia aún lo saluden recordando sus himnos en visitas oficiales, como aconteció para nuestra vergüenza con un expresidente de Chile. En España, casi no quedan rastros de Franco y su gobierno totalitario.

SÍMBOLOS QUE PERMANECEN

Los rastros de la dictadura no se terminaron con cambiar de nombre a la antigua “Avenida 11 de septiembre” en Providencia o con ocultar la estatua del otrora miembro de la junta militar, José Toribio Merino, quien acompañara a Pinochet durante su administración del poder en nuestra Patria. Decenas de calles, villas y avenidas recuerdan en todo el país al mismo déspota gobernante, su mujer, efemérides, ministros, militares de la época e incluso a quienes fueron sus colaboradores.

Todavía 9 pasajes, 22 calles y 5 avenidas siguen llamándose “11 de septiembre” en todo el país, recordando la “gesta” del aquel día aciago. En plena capital y en comunas como Puente Alto, Renca, Buin, María Pinto y Pedro Aguirre Cerda, existen calles que evocan dicha fecha. Parece un mal chiste que en una comuna dirigida por una alcaldesa comunista, Claudina Núñez, exista una calle que recuerde ese día y que está ubicada entre José Joaquín Prieto y Club Hípico y entre Vecinal y Carelmapu.

Basta mirar Google Maps, Publiguías o cualquier otro buscador para descubrirlas y no solo en la Región Metropolitana, sino que además en Valparaíso e incluso en la austral Punta Arenas. Y eso que hasta este momento se han eliminado decenas de calles conmemorativas de aquella fecha. Si hasta existe una calle “Pinochet” a secas en Cauquenes, una para Lucía Hiriart Pinochet en Talca, otra recuerda al miembro de la Junta, César Mendoza, cerca de 20 al mismo José Toribio Merino y no menos de 30 al general Bonilla e incluso hay otras para el ex intendente de Pinochet Carol Urzúa y el almirante Gotuzzo, exministro de economía Pinochet.

DE LA MANO MILITAR

Siguen subsistiendo militares de alta graduación que en un verdadero acto de provocación hasta este mismo 2015 han mostrado en sus pecheras medallas ofensivas a los muertos, torturados, presos, desparecidos, exiliados y a la misma democracia que tanto costó reconquistar. Sin ir más lejos, en plena Alameda en la capital, se encuentra el monolito a los héroes caídos de Carabineros en honor a César Mendoza, miembro la Junta Militar que asumió tras el golpe de Estado.

Igualmente continúan los monumentos y salones en honor a Merino, en el Museo Naval y Marítimo de Valparaíso, donde se exhiben varias pertenencias del almirante y hasta una foto del buque madre de submarinos “Almirante Merino”. E incluso en el Club de Golf Los Leones, en el sector alto de Las Condes, existe una placa recordatoria de su “socio” benefactor.

Para el historiador y académico de la Universidad de Chile, Sergio Grez, “La idea es eliminar todo signo de glorificación de quienes perpetraron el golpe de Estado de 1973 y cometieron violaciones atroces en contra de los derechos humanos, más allá de tal o cual personaje. Nombres de calle, monumentos, bibliotecas, monolitos, todo signo que apunte en ese sentido”, manifestó.

“NO ESTOY NI AHÍ”

Parecería sencillo propugnar un simple cambio de nombre o la eliminación de cualquier símbolo que recuerde a Pinochet o sus secuaces. Bastaría demoler monolitos como el de la plazoleta de Linares llamada “Capitán General Augusto Pinochet” o derribar el monumento que en Aysén recuerda al dictador por haber construido la Carretera Austral. Pero en realidad la situación es mucho más profunda que solo eso.

Generaciones que no vivieron aquel tiempo sino que solo lo conocieron parcialmente por algunas notas de prensa o acciones de víctimas que buscan llamar la atención sobre su dolor aún presente, cada vez más se desentienden y no han asimilado el significado de aquello que vivió nuestro país durante los 17 años de muertes, desapariciones, torturas y atropellos a los derechos fundamentales.

“Estoy chato de tanto hablar de Pinochet” o “eso pasó hace mucho” o “yo no lo viví y no soy responsable” o un más directo “no estoy ni ahí”, muchas veces cierran de golpe cualquier posibilidad de hacer memoria o dar a conocer el por qué hoy aún existen familiares de detenidos desaparecidos o de torturados o de presos o ejecutados políticos reclamando justicia. Para muchos pareciera que solo buscaran dinero a cambio de su drama y el tema no es así, aunque la reparación sea imprescindible.

CAMBIOS COSMÉTICOS

Que se han logrado eliminar algunos rastros de la dictadura, sí, se ha hecho, pero el verdadero “cambio” no se logra si no se ataca la base del problema. Así por ejemplo, se puso término a fines de 2014 a la “Medalla Comandante en Jefe del Ejército, capitán general Augusto Pinochet Ugarte” siendo rebautizada como “Medalla Comandante en Jefe del Ejército”. Pero en mayo del presente año el comandante en jefe de la Armada lució orgulloso frente a las máximas autoridades la medalla 11 de septiembre en homenaje al golpe de Estado. A nadie se le sancionó.

Quien fuera en un breve plazo subsecretaria para las Fuerzas Armadas del presente gobierno de Michelle Bachelet, Carolina Echeverría, manifestó en un texto de carácter académico la importancia esencial de “introducir cambios a los sistemas de enseñanza de las instituciones castrenses”, pues “un adecuado sistema educacional de defensa profesional permite realizar cambios progresivos en el interior de las instituciones armadas de acuerdo con los ritmos que la sociedad impone”.

Otro caso de “cosmética”, se da con el término de la avenida 11 de septiembre en Providencia, que dio origen a rebautizarla como Nueva Providencia, pero donde solo se cambió el nombre sin efectuar ningún acto permanente en el tiempo que implicara entender que no se trataba solo de una alteración de la nominación. Resulta imprescindible que se instruya un programa serio y controlado de formación a nuestra juventud y en especial a todo el personal de las FFAA, no solo sobre el respeto de los DDHH sino que además de la valoración de la democracia.

En caso contrario seguiremos viendo en nuestras calles actitudes de violencia de algunos policías de FFEE, herencia de la dictadura. Como se recordará, la autonomía de las Fuerzas Especiales de Carabineros respecto de sus operativos cuando tratan cuestiones de orden público tiene su origen en la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros (art.3, inc.1), promulgada el 27 de febrero de 1990, 12 días antes de que la dictadura dejara el poder.

SOLO PROYECTOS

Muchas iniciativas, algunas legislativas, otras alcaldicias, varias de organizaciones de DDHH o de memoria han intentado con más o menos éxito eliminar los vestigios de la dictadura. De hecho el proyecto presentado por la diputada comunista Karol Cariola, que prohíbe todo homenaje y exaltación a la dictadura cívico-militar, luego de unos cuantos conatos entre adherentes y detractores, duerme en el Congreso.

Para la parlamentaria, lo que se buscaba era “evitar que se exalten las figuras de la dictadura y terminar con la incitación al odio. Cada vez que se hacen monumentos, esculturas a criminales responsables de la dictadura, lo que ocurre es que aquellos que han sido víctimas de manera directa o indirecta de la dictadura, se sienten tremendamente vulnerados”, indicó.

De hecho el referido proyecto que ingresó a primer trámite constitucional en noviembre de 2014 sigue en dicha etapa luego de que el 3 de marzo pasado se diera cuenta de las objeciones efectuadas por la Corte Suprema, que estimó inconstitucionales tres de sus artículos (11,12 y 13), y que se refieren a la forma de hacer efectiva la responsabilidad de quienes realicen actos a favor del Golpe de Estado de 1973, pues según el máximo tribunal, el proyecto en esas normas se aparta del principio de legalidad.

Ciudadanos por la Memoria, organización que impulsó con éxito el cambio de nombre a la avenida “11 de septiembre” y la remoción de la estatura de José Toribio Merino, hoy gestionan un proyecto de acuerdo que apunta a la eliminación de todos los símbolos vinculados a personajes y momentos de la dictadura.

¿FALTA VOLUNTAD?

Durante la primera administración democrática tras Pinochet, se acuñó el concepto -dadas las circunstancias que vivía el país-, de la “justicia en la medida de lo posible”. Ello es comprensible mirada la realidad de la época, llena de “Boinazos”, “Ejercicios de Enlace” y recados cargados de amenazas con un Pinochet como Comandante en jefe del Ejército y en control de las armas y una derecha jugada en defender una democracia protegida.

Sin embargo hoy tales circunstancias están, en todo sentido, muy lejanas. No basta cambiar nombres o demoler estatuas, aseguran desde el mundo de los DDHH, es necesario realizar cambios más radicales para encontrar la única memoria que perdieron, la de recordar dónde están las personas que ellos mismos desaparecieron. “Desde el punto de vista histórico son sólo 25 años, (pero) desde el punto de vista cultural es como un siglo el salto que ha dado Chile desde el comienzo de la democracia”, señala el analista Eugenio Tironi, respecto a DDHH.

Para el historiador Jorge Magasich, no es suficiente. Estima que se deben “constituir grupos de especialistas en temas de defensa, en los que estén representadas todas las corrientes políticas, que estudien cómo retirar de las escuelas militares las doctrinas que indujeron al golpe de 1973, incluyendo el mecanismo de selección de docentes (…) los derechos humanos deben figurar obligatoriamente en los programas de estudios. Y, como se ha hecho en países vecinos, sería notable que en todos los cuarteles, buques y recintos donde se perpetraron atrocidades se coloque una placa visible señalando que allí se torturó y no volverá a hacerse”, señala.

LA CASA DEL DICTADOR O EL NUEVO “POLTERGEIST”

Es posible estimado (a) lector (a) que al leer el subtítulo pueda haberse preguntado ¿a cuál de las casas se referirá?, dada la cantidad de inmuebles que Pinochet logró amasar en su patrimonio como consecuencia de “saber administrar su exiguo sueldo como general”… En realidad nos referimos a aquella en que vivió tras su regreso de Londres y donde murió, ubicada en Los Flamencos 3794 de Lo Barnechea y que fuera demolida para crear allí un condominio.

La propiedad de 1.500 metros cuadrados que fuera vendida en 2014 por Lucía Hiriart en 1.351 millones de pesos, no se encontraba embargada por el Caso Riggs, a diferencia de los otros 24 inmuebles que estaban dentro del patrimonio de los Pinochet. “Tendremos un nuevo “poltergeist” tuiteó un cibernauta, en alusión a la película de terror en que acontecen una serie de extraños sucesos terroríficos que incluyen apariciones de seres maléficos.

La venta contó con la autorización del Juez Manuel Valderrama que investiga el millonario desfalco efectuado por el dictador y sus asesores militares y civiles en que se ha condenado a varios de ellos entre los cuales figura el general (r) Jorge Ballerino Sandford. En la causa se acreditaron más de 6 millones de dólares como consecuencia del desfalco a las arcas fiscales y quedan muchas otras sumas que no se han podido recuperar.

LOS OTROS “RESIDUOS” DE LA DICTADURA

A los símbolos materiales que dan cuenta de las huellas de la dictadura, se suman las instituciones aún vigentes del modelo impuesto por Pinochet. La Constitución pétrea, las AFP, las Isapre y muchas más, dan cuenta de una situación de desigualdad que muy lentamente se ha ido deshabilitando. Pero que sigue allí. Es el caso del sistema binominal que estuvo vigente entre 1989 y 2015 y permitió a la derecha controlar el poder y mantener el modelo con un mísero 30% del electorado.

Existen miles de archivos conteniendo declaraciones de personas sobrevivientes de la dictadura e incluso represores que dan cuenta de los nombres de torturadores y otros violadores de DDHH, que por ley deben permanecer guardados por 50 años, ocultando con ello la verdad que podría traer justicia y tranquilidad a miles de familias chilenas, víctimas o familiares de los ejecutados, desaparecidos y torturados.

La educación, privatizada durante el régimen de Pinochet y que es fuente de grandes y profundas desigualdades, se niega a cambiar de la mano de empresarios y políticos que recurren a campañas del terror y chantajes al no manejar ya el control que les otorgaba el binominal. Igual resistencia al cambio muestra la economía cuya base de inequidad la representa el distinto esfuerzo impositivo de que da cuenta la Reforma Tributaria. Lo mismo acontece en la salud, previsión y otras materias, herencias de la dictadura.

GENERAL (R) EMILIO CHEYRE FUE CAREADO CON DOS EXPRESOS POLÍTICOS EN EL MARCO DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA LLAMADA “CARAVANA DE LA MUERTE”

El encuentjcheyre1ro entre Cheyre y los ex prisioneros, Cecilia Marchant y Óscar Olivares, se desarrolló en el marco de la investigación que lleva la jueza de la Corte de Apelaciones de Santiago, Patricia González.

En dependencias del Poder Judicial en calle Merced y mientras se desarrollaban protestas de organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, el ex-comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, fue careado con dos ex presos políticos que lo acusan de responsabilidad en las torturas de las que fueron víctimas al interior del regimiento Arica de La Serena en 1973.

El encuentro entre Cheyre y los exprisioneros, Cecilia Marchant y Óscar Olivares, se desarrolló en el marco de la investigación que la jueza de la Corte de Apelaciones de Santiago, Patricia González, sustancia en el llamado caso Caravana de la Muerte.

En abril el exuniformado participó de una diligencia similar que se realizó en un recinto militar. Entonces la ministra González debió contrastar el testimonio del otrora comandante en jefe con el del matrimonio de Armando Gatica Barahona y Adriana Nora Cardemil Estay, quienes acusan que Cheyre los torturó mientras estuvieron detenidos.

En 2011, la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago negó procesar al general (r) por la desaparición de 15 detenidos en el marco del emblemático caso.

CONDENAN AL FISCO POR ERROR DE IDENTIFICACIÓN DE OSAMENTAS DEL PATIO 29

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En fallo unánime, la Segunda Sala del máximo tribunal ratificó así la responsabilidad del Estado en la serie de errores cometidos por personal del SML, en la década de los ’90, en la fallida identificación de los restos de Osvaldo Marambio Araya.

La Corte Suprema condenó al Fisco al pago de una indemnización en favor del hermano de una de las víctimas que fueron erróneamente identificadas por el Servicio Médico Legal (SML), tras exhumaciones practicadas en el Patio 29 del Cementerio General.

En fallo unánime, la Segunda Sala del máximo tribunal ratificó así la responsabilidad del Estado en la serie de errores cometidos por personal del SML, en la década de los ’90, en la fallida identificación de los restos de Osvaldo Marambio Araya.

“El Fisco de Chile, a través del Servicio Médico Legal, incurrió en una conducta que debe ser calificada como infracción a la lex artis que regía la identificación de osamentas humanas, al incurrir en incumplimientos a la técnica y metodología vigentes”, sostiene la resolución condenatoria.

“Recibido el informe extranjero de identificación, no se envió al tribunal instructor, y se siguió adelante con entrega de información que no alcanzaba certeza alguna”, añade el documento.

“EL MOVIMIENTO ESTÁ MÁS VIVO QUE NUNCA” ESTUDIANTES

En la instancia, el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC) emplazó al Gobierno a “pronunciarse” de manera concreta sobre los proyectos y a considerar a los más de “miles de estudiantes movilizados que salen a las calles y exigen una respuesta”.

Como “multitudinaria” catalogaron los organizadores la nueva marcha por la educación efectuada durante este jueves en Santiago y las principales ciudades del país, a la que asistieron cerca de 150 mil personas en la capital.

La movilización, convocada por el Colegio de Profesores, la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) y la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones), partió con casi una hora de retraso, luego que los dirigentes ofrecieran una conferencia de prensa en las dependencias de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh), donde reafirmaron su rechazo a la conducción que ha tenido la reforma educacional.

En la instancia, el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC) emplazó al Gobierno a “pronunciarse” de manera concreta sobre los proyectos y a considerar a los más de “miles de estudiantes movilizados que salen a las calles y exigen una respuesta”.

Su par de la FECh, Valentina Saavedra, añadió que “esperamos una explicitación del Gobierno respecto a cuáles son sus voluntades reales a la hora de hacer la reforma educacional”.

En tanto, el vocero de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios, Ricardo Paredes, sostuvo que “Chile está cansado con el empate con las minorías políticas. Buscamos un consenso amplio pero con quienes quieren transformaciones profundas”.

La movilización transcurrió con total normalidad por la Alameda y fue tal la convocatoria, que mientras la cabeza de la marcha se encontraba a la altura de La Moneda, el final de la columna todavía permanecía en Plaza Baquedano. De todos modos, pese al número entregado por los organizadores, Carabineros cifró la convocatoria en 50 mil asistentes.

A eso de las 13:00 horas los dirigentes llegaron al escenario ubicado en calle Echaurren, donde se realizó un acto cultural.

En la instancia, la presidenta de la FECh, Valentina Saavedra, sostuvo que “sólo en Santiago fuimos 150 mil personas, es una gran convocatoria, todas las organizaciones estábamos muy contentas. Esto demuestra que el movimiento social está más vivo que nunca y que vamos a defender las transformaciones que hemos demandado históricamente”.

“Esperamos que los estudiantes se sigan movilizando durante el año y que sigan (las marchas) creciendo para que seamos escuchados”, subrayó la dirigente estudiantil.

En tanto, el acto debió ser suspendido luego de 45 minutos debido a los desmanes aislados que se produjeron en los alrededores de calle Cumming.

En contra del paco que le disparo al estudiante en la USACH en la cabeza, dejandolo mal herido hay que esperar la evolución de la lesión que le causo el paco al estudiante, por el solo hecho de protestar por un Derecho Humano ( El derecho a la educación) el estado, es el debe darle la explicación del por que no se respetaron sus derechos ” Costitucionales” pero  condena por que dispara al cuerpo y no lo hace en 45° que le permite la ley. Por lo menos dejenlo castigado una semana sin postre igual  cuando existia y todavia existe la Dictadura de Pinochet. 

Ayer dieron cualquier espacio en en los medios Televisivos y en cadena, con los dos jóvenes que fueron asesinado por el solo hecho de estar haciendo una pegatina, pero del estudiante que fue herido con la lagrimogena en su cabeza POR CARABINEROS DE FFEE pasa a ser “un confuso incidente. Impunidad para los pacos. De que estamos habando”. ( Vean las imágenes y solos se daran cuenta el porque en nuestro país exite la corrupción y nada pasa, accidentes en las vías de transito siempre en confuso inidente”) hasta cuando los medios de comunicación y de gobierno creen que esta país esta lleno de guevones que no piensan y que por eso  que existen  los caso Pentax, SQM etc. los atropellos en las carreteras  “ni siquiera son juzgados ni  por socorrer a la víctima”, Corren lucas y ¡Caso Cerrado!.