Entre enero y septiembre de 2023, 937 empresas quebraron, la cifra se compara negativamente si se considera que, durante el mismo periodo durante el año pasado, 794 compañías debieron bajar la cortina y no continuar con sus negocios.

Se trata de quiebre en la tendencia de caída en la liquidación de activos de empresas deudoras, si se considera que, en los dos años anteriores en el mismo lapso de tiempo medido, has quiebras habían caído con -10% y -33% en los años 2021 y 2022, respectivamente.

Entre enero y septiembre de 2023, los seis sectores que acumulan el mayor número de empresas declaradas en quiebra son: Comercio y reparación de vehículos (156); servicios (150); construcción (116); industrias manufactureras (102) y actividades profesionales, científicas y técnicas (100), y salud (71).

Por otro lado, los seis sectores que más crecieron durante los primeros meses del año en comparación con igual periodo del año anterior son: explotación de minas y canteras (129%); enseñanza (106%); actividades financieras y de seguros (75%); servicios (58%) y actividades inmobiliarias (43%).

En paralelo, entre enero y septiembre de 2023 hubo 1.705 procedimientos concursales de liquidación de bienes de persona deudora, siendo un número levemente inferior a la registrada en el mismo lapso del año pasado con 1.760 quiebras de personas naturales, reflejando una disminución del 3% se comparan ambas cifras.

Durante los primeros nueve meses del año en curso, las personas que iniciaron procedimientos de liquidación voluntaria fueron 1.680 y sólo cinco fueron a través de liquidación forzosa.

Entre enero y septiembre de 2020, las personas que solicitaron su quiebra fueron 3.866 y desde esa fecha la cifra en igual periodo, viene manteniendo una constante disminución. Las personas que pidieron su liquidación voluntaria durante los mismos meses de 2021, 2022 y 2023, llegaron a: 2.831, 1.751 y 1.680, respectivamente.

Reacciones

Pulso consultó a abogados expertos en insolvencia sobre los motivos de llevan a empresas de los sectores mencionados a solicitar su quiebra.

Ricardo Reveco, socio de Carey sostuvo que “en comercio y servicios, veo una reducción de la demanda específica; y ahora se deben pagar créditos blandos que no pueden ser cubiertos. En la construcción, aumento de costo de insumos, mayor costo de la mano de obra, imposibilidad de transferir mayores costos a mandantes por tipos de contratos a suma alzada; imposibilidad de tomar garantías para poder postular (pólizas o boletas se han encarecido), son las principales razones que inciden en esta industria específica”.

Luis Felipe Castañeda, socio de Castañeda, Chadwick & Pino sostuvo que “en el caso de la construcción, estamos probablemente ante un rezago de 2022. Es decir, muchas Empresas Constructoras se negaron a aceptar la realidad de estar ya en insolvencia o enfrentarse inminentemente a ella y trataron de sobrevivir con aportes tardíos de socios o accionistas, abuso de operaciones de factoring o financiamientos a tasas impagables. Hoy se enfrentan a una realidad ineludible y deben liquidarse”. “En el caso del comercio y servicios, es una consecuencia directa del aumento del costo del financiamiento y una disminución importante del consumo. Recordemos que el PIB continúa cayendo y no se divisa un mejor panorama”, añadió.

“Hay pocos sectores de la Economía que están a salvo del fenómeno de la insolvencia; por ello las empresas deben prepararse anticipadamente para evitar o enfrentar adecuadamente este fenómeno, contando con una asesoría adecuada”, complementó.

Fernando Lathrop, abogado socio de Lathrop Abogados explicó que “el comercio se nutre en buena medida de productos importados. El comercio experimentó una realidad distorsionada, afectada por los retiros de las AFP y por precios excepcionalmente altos en el transporte marítimo, antecedentes que no se supieron leer por el mercado con posterioridad; en muchos casos, no se ajustaron los presupuestos”.

“Los servicios se han resentido en forma retardada, como reflejo de una economía que no crece e inversiones en Chile paralizadas (no así en el exterior). Estamos en un proceso constituyente de incierto desenlace”, concluyó.

A su juicio, el incremento en la liquidación “la construcción podría decirse que es donde convergen todos estos temas dentro de un contexto marcado por la crisis del 18-O, pandemia, incertidumbre generalizada, y con ello paralización de inversiones en nuestro país, sumado a la cautela del sector financiero (principal ancla del sector). De no haber certezas en el corto plazo y de no contar con un sector financiero más proclive a dar el “último empujón” a las pymes, lo más probable es que la lista de liquidaciones aumente”.

Fuente: Pulso La Tercera

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Se realizaron 599 reuniones las que proyectan negocios por más de US$ 23,4 millones de dólares dentro de los próximo doce meses.

Este evento es parte de las acciones que está desarrollando la institución en Latinoamérica para incentivar las exportaciones hacia esa región geográfica, pensando especialmente en aumentar la participación de Pymes exportadoras. El Encuentro de Negocios de Latam reunió a 54 empresas nacionales con 99 importadores provenientes de 16 mercados.

El Director General de ProChile, Ignacio Fernández, comentó que “uno de los principales objetivos de este encuentro fue mostrar una oferta distinta, que tiene que ver con innovación y valor agregado en sectores como la salud, la industria forestal, envases y embalajes, metalmecánico y proveedores del agro y que, por lo demás, fue muy bien recibida por los importadores presentes aquí en Panamá. Estamos muy contentos no sólo por los montos alcanzados, sino por el contenido, por la imagen que proyecta nuestro país y sobre todo porque se generan relaciones muy relevantes que van a potenciar el comercio dentro de la región”.

Actividades complementarias

Dentro del programa del Encuentro de Negocios Latam 2023se firmó un convenio de colaboración entre ProChile y su homólogo, ProPanamá, que buscará contribuir y fortalecer las acciones de cooperación empresarial y promoción de las inversiones entre Chile y Panamá. Este fue firmado entre el Director General de ProChile, Ignacio Fernández y su par, Carmen Gisela Vergara.

Se realizó también una Mesa de la Salud, en la que participó el Director del Instituto de Salud Pública chileno, Rubén Verdugo, junto organismos reguladores del sector de los países centroamericanos. Al respecto, la jefa del Departamento de Industrias 4.0 de ProChile, Marcela Moya, comentó que “este encuentro con los principales organismos regulatorios del sector dentro de la región nos ha permitido relevar nuestro rol articulador a nivel internacional; además de generar un importante traspaso de conocimientos y compartir experiencias similares en los procesos de verificación. A partir de esta primera reunión esperamos dar paso a una alianza estratégica que nos permita diseñar conjuntamente metodologías que nos ayuden a simplificar procesos donde tenemos problemáticas similares”.

Se llevaron a cabo también talleres y paneles de conversación sobre temas como integración regional y oportunidades de negocios en mercados como Paraguay, Colombia, Guatemala, Costa Rica y Panamá, en el que participaron los directores comerciales de ProChile en esos mercados. Y visitas técnicas a lugares como el Almacén Central de Medicamentos; a Proluxsa, empresa de procesamiento y distribución de alimentos, y al Canal de Panamá.

La delegación chilena contó con 54 empresas y fue encabezada por el Director General de ProChile, Ignacio Fernández. También formaron parte del grupo representantes de asociaciones gremiales del sector forestal como Pymemad; de la industria farmacéutica como la Cámara Nacional de Laboratorios, Canalab y del Centro de Envases y Embalajes, Cenem.

Testimonios de los participantes

Hernán Vásquez, socio director de la empresa de ingeniería Optimiza, comentó que “hay necesidades en el mercado internacional que nosotros podemos ayudar a cubrir y por lo tanto pensamos que de esa manera se rentabiliza absolutamente haber venido a este encuentro”.

Sobre la demanda internacional, Vásquez agregó que “los países de Centroamérica están más abiertos, tienen una definición de un conjunto de necesidades que son más amplias y con una percepción de urgencia mucho mayor. Es decir, hay cosas que se pueden empezar a desarrollar en el corto plazo porque hay muchas materias que son incipientes en este mercado y no tienen interferencia de ninguna índole. Por lo tanto, eso permite visualizar que para nuestra empresa existe un conjunto de oportunidades de excelente perspectiva para el mediano y largo plazo”.

Tatiana Malfanti, Directora del Centro de Envases y Embalajes Cenem, comentó que “ha sido una experiencia que me tiene gratamente sorprendida. Toda la gestión y coordinación entre las empresas chilenas y las importadoras funcionó muy bien. Como Cenem nos contactaron varias empresas importadoras que están interesadas en los productos que nuestros socios pueden entregarles, así es que nos vamos muy contentos y agradecidos por la coordinación del evento”.

Según Malfanti existen dos líneas de negocio claramente identificables: una de importadores interesados en comprar productos de envase y embalajes para distribuirlos en sus países de origen y otra, sobre todo de Centroamérica, en el área de la agroindustria, “para que podamos ayudarlos con embalajes de buena calidad y que cumplan todas las normas y en los temas de sustentabilidad que se está tratando hoy día. Hay una oportunidad importante ahí”.

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En el informe, la CGR constató la inexistencia de un proceso formal para la selección de las entidades a ejecutar los proyectos, y que sí hubo una asignación de recursos de manera directa, sin actos administrativos pertinentes que acrediten la motivación de la elección de dicha fundación ligada a Revolución Democrática. Asimismo, indicó el comienzo de un sumario «a fin de determinar las eventuales responsabilidades».

Además, el ente recomendó a la Seremi de Vivienda como al Serviu de Antofagasta «adoptar las medidas que correspondan con el objeto de implementar un procedimiento de concursabilidad de las iniciativas de inversión para la selección de las entidades que llevarán a cabo los proyectos del Programa de Asentamientos Precarios, informando de ello documentadamente en un plazo de 30 días hábiles contado desde la recepción de este informe final».

En esta línea, el titular de Vivienda aseguró que «hemos desarrollado un trabajo serio para que cualquier tipo de irregularidad sea perseguida y castigada. Junto con ello, hemos trabajado para evitar que este tipo de situaciones se repitan, por eso presentamos las 19 medidas en la agenda de modernización, probidad y transparencia del Minvu. Todas las medidas a las que apunta la Contraloría ya están en marcha de manera proactiva».

«De hecho, hemos estado trabajando en el rediseño completo del Programa de Asentamientos, estamos implementando un Sistema de Integridad, Transparencia y Seguridad de la Información del Minvu y fortaleciendo a nuestra institución», apuntó Montes. 

Asimismo, dijo que el Ministerio está llevando adelante «todos los cambios y ajustes necesarios que permitan impedir que los recursos destinados a las chilenas y chilenos más necesitados se transformen en el botín de inescrupulosos«.

En tanto, afirmó que los antecedentes y los resultados de las investigaciones al interior del Minvu han sido entregados al Ministerio Público, así como también al Consejo de Defensa del Estado (CDE), querellante en la causa.

«Quiero ser enfático: acá ya se recuperó buena parte del dinero que se le entregó a la fundación, son más de 290 millones de pesos los que están retenidos en la justicia y haremos todo lo que la institucionalidad disponga para recuperar el resto», añadió.

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“Chile está cansado de vernos pelear, de ver que hay excusas para poder avanzar en una reforma a las pensiones, de poder avanzar en las listas de espera, en los temas de seguridad. Doy un paso al costado tras constatar que mi presencia en el Gabinete ha sido ocupada por la oposición política como una excusa para no avanzar en los acuerdos que hoy Chile demanda y requiere. Se lo he comunicado al presidente de esta forma y él así lo entendió”, dijo Jackson en una rueda de prensa desde el Palacio de La Moneda, donde se reunió con Boric.

El hecho ocurre en medio del escándalo de corrupción del denominado “Caso Convenios”, una trama que estalló el 16 de junio y que aún está siendo investigada por el Ministerio Público, donde se involucra a Revolución Democrática (RD) –el partido de izquierda fundado por Jackson– y traspasos de dinero desde el Estado a fundaciones ligadas en su mayoría al oficialismo.

Jackson afirmó estar “convencido de que se tiene que generar, por más injusto que sean, acciones y ambientes para propiciar los acuerdos”, y que su salida “en ningún caso pone en duda mi lealtad con el proyecto político” del gobierno de Boric. Además, agregó que ahora, en su rol de ciudadano, emprenderá “todas las acciones que sean necesarias para develar aquellas mentiras, injurias y calumnias, y que se revelen como tales”.

Desde que se dio a conocer la polémica del Caso Convenios, el gobierno de Boric ha sido blanco incesante de presiones por parte de la derecha e, incluso, de algunos sectores del oficialismo para que le pidiera su salida a Jackson. A través de su cuenta de Twitter, Boric señaló este viernes que “Chile y los habitantes de nuestra patria están primero. Acepto la renuncia de Giorgio Jackson como un gesto de generosidad que ayude a mejorar el clima político y avanzar en las reformas. Como dijo el mismo Giorgio, la gente está cansada de peleas. Es hora de ponerse de acuerdo”.

Giorgio Jackson ha sido una pieza clave en el proyecto de la nueva izquierda de Boric y un amigo muy cercano desde 2011, época en la que ambos comenzaron su carrera política como dirigentes estudiantiles.

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Esto, luego de que el gobierno presentara presentara una denuncia ante la Fiscalía de Valparaíso -que quedó en manos de la Unidad Anticorrupción- para investigar las responsabilidades del hecho, que podrían constituir una infracción al artículo 161 a del Código Penal. Además, en el Ejecutivo adelantaron que evaluarán nuevos protocolos para futuros encuentros con el Presidente.

Así las cosas, este viernes el Mandatario -desde La Araucanía- se refirió por primera vez al hecho que reconoció Mellado y lo calificó como “grave” y “deleznable”, además de asegurar que ahora “será la Justicia la que determine cuáles son los pasos a seguir”.

“Las características de delito o no, le corresponderá atribuirlas a la Justicia, nosotros como funcionarios públicos teníamos la obligación de ante estar frente un hecho que reviste caracteres de delito presentar la denuncia, no me voy a querellar personalmente en contra del diputado Mellado, no vamos a empezar una persecución con esto, será la Justicia la que determine cuáles son los pasos a seguir”, apuntó el Mandatario.

Tras reconocer el hecho, la mañana de este viernes el legislador RN en un punto de prensa, manifestó no sentir “vergüenza” a raíz de su acción y que el repudio generalizado provenía “del 38%”, aludiendo a quienes votaron Apruebo en el plebiscito de 2022. Además, anunció que se autodenunciará ante la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados.

“No siento vergüenza, lo que si hay un tema de ética y por eso voy a pedir que me pasen a la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, he sentido el respaldo del partido, de mis compañeros de bancada”, expresó desde el Congreso.

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Luego de la elección de consejeros y consejeras constituyentes, el órgano encargado de presentar una nueva propuesta de Constitución se instalará el próximo 7 de junio, cuando comenzará con su trabajo. El 7 de noviembre, en tanto, finaliza el proceso, para dar paso a un plebiscito de salida que se realiza el 17 de diciembre.

A diferencia del plebiscito de salida de la Convención Constitucional del 2022, en este sufragio los electores deberán responder a la pregunta “¿Está usted a favor o en contra del texto de Nueva Constitución?”, escogiendo entre las opciones “A favor” o “En Contra”. Al igual que las dos elecciones anteriores, el voto es obligatorio.

Luego del “Acuerdo para Chile” firmado a fines del 2022 con el propósito de iniciar el nuevo proceso constitucional, el 17 de enero de este año se publicó en el Diario Oficial la Ley 21.533 que modificó la Constitución para establecer la apertura del nuevo proceso constitucional con el Consejo Constituyente. En específico se modificó el Capítulo XV, al cual se le agregó el epígrafe “Del nuevo procedimiento para elaborar una Constitución Política de la República”.

Con respecto al plebiscito de salida del próximo17 de diciembre, la normativa indica que “si la cuestión planteada al electorado en el plebiscito nacional constitucional fuere ratificada, el Presidente de la República deberá, dentro de los cinco días siguientes a la comunicación de la sentencia referida en el inciso anterior, convocar al Congreso Pleno para que, en un acto público y solemne, se promulgue y se jure o prometa respetar y acatar la nueva Constitución Política de la República”.

“Dicho texto será publicado en el Diario Oficial dentro de los diez días siguientes a su promulgación y entrará en vigencia en dicha fecha. A partir de esta fecha, quedará derogada la presente Constitución Política de la República, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se encuentra establecido en el decreto supremo Nº 100, de 17 de septiembre de 2005, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia”, se añade.

Sobre qué ocurrirá si es que se rechaza esta propuesta, no se establece ninguna especificación.

Esto marca un escenario diferente a del proceso del 2022 -de la Convención Constitucional- para el que el artículo 142 de la Constitución explicita que “si la cuestión planteada al electorado en el plebiscito ratificatorio fuere rechazada, continuará vigente la presente Constitución”.

Cuáles son las opciones si es que se llega a rechazar la propuesta del Consejo Constitucional

De esta forma, no hay mención oficial sobre qué ocurre en caso de que el 17 de diciembre llegue a ser rechazada la nueva propuesta de Constitución que presente el Consejo Constituyente.

En ese sentido, naturalmente si se rechaza por segunda vez una propuesta constitucional, se entiende que se mantendría la actual Constitución Política de la República, pero esto no está explicitado en los lineamientos de este proceso.

Por otro lado, en caso de que se busque continuar con un tercer proceso de reforma constitucional, son los parlamentarios los que tienen la facultad de modificar la actual Constitución para establecer en ella el inicio de otro proceso con esa finalidad.

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El SEN es el Sistema Eléctrico Nacional, que es el conjunto de instalaciones y equipamiento que permiten generar, transmitir y distribuir la energía eléctrica en casi todo el territorio nacional, desde Arica hasta Chiloé.

Nació en el año 2017, cuando se unificaron los ex sistemas del norte grande (SING) y del centro sur del país (SIC).

Este sistema es coordinado y operado por el Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), un organismo técnico e independiente que garantiza el acceso abierto y no discriminatorio a las redes eléctricas, así como la seguridad y eficiencia del sistema.

¿Cuál es la cobertura del SEN?

El SEN tiene una longitud de 3.100 km y abarca casi la totalidad de la población nacional. Según los datos del CEN, a enero de 2023 el SEN presenta las siguientes características:

• Líneas de transmisión: 37.547 km
• Generación anual de energía: 7.076,1 GWh
• Generación anual de energías renovables no convencionales: 2.888,2 GWh
• Potencia máxima bruta: 33.488,9 MW
• Demanda máxima horaria: 11.227,0 MWh/h
• Ventas de energía a cliente final: 6.604,6 GWh

¿Quiénes conforman el SEN?

El SEN está conformado por más de 200 empresas coordinadas por el CEN, que se clasifican en cuatro categorías:

• Generación: son las empresas que producen la energía eléctrica a partir de distintas fuentes, como hidráulica, térmica, eólica, solar, etc.
• Transmisión: son las empresas que construyen y operan las líneas de alta tensión que transportan la energía eléctrica desde las plantas de generación hasta los centros de consumo.
• Distribución: son las empresas que distribuyen la energía eléctrica a los clientes finales, como hogares, comercios e industrias, a través de redes de media y baja tensión.
• Servicios complementarios: son las empresas que prestan servicios auxiliares al sistema eléctrico, como regulación de frecuencia, reserva operativa, control de tensión, etc.

El SEN es un sistema eléctrico moderno, diversificado y sostenible que busca satisfacer la demanda de energía de Chile con calidad y seguridad.

Tineo – Nueva Ancud: Una nueva línea de transmisión para Los Lagos

Chiloé es una isla que alberga una rica cultura, una biodiversidad única y una creciente actividad económica y turística. Sin embargo, a nivel eléctrico, solo cuenta con una línea de transmisión que cruza el Canal de Chacao desde el continente con energía y que ya tiene 25 años de funcionamiento.

Esta situación implica que el suministro eléctrico de los más de 160 mil habitantes de la isla, podría cortarse cada vez que haya un mantenimiento programado o no programado de la línea.

Además, la demanda energética de Chiloé ha aumentado en los últimos años y se proyecta que siga creciendo, lo que podría requerir la construcción de una nueva línea de alta tensión.

Para enfrentar este desafío, el Ministerio de Energía mandató la construcción de una nueva línea que robustezca el sistema eléctrico de la Región de Los Lagos y que garantice una mejor calidad y seguridad del servicio para Chiloé.

Se trata del proyecto Tineo – Nueva Ancud, adjudicadon a la empresa Transelec, que consiste en una línea de alta tensión de 500 kV y 95 km de longitud, que conectará las subestaciones Tineo, en Llanquihue, y Nueva Ancud, pasando además por las comunas de Puerto Varas, Puerto Montt, Maullín y Calbuco.

Esta línea no reemplazará a la existente, sino que funcionará en paralelo, lo que permitirá contar con lo que se conoco como redundancia (n-1), es decir, que si una de las dos líneas falla, la otra opera como respaldo y podrá suplir su función. De esta forma, se asegura la continuidad del servicio eléctrico para los chilotes y se evitan cortes prolongados o racionamientos.

De momento, este proyecto se encuentra en etapa de evaluación ambiental y espera obtener su aprobación durante 2023. Para su diseño, Transelec realizó un exhaustivo análisis territorial, ambiental, social y económico, buscando minimizar los impactos sobre el entorno y las comunidades. Además, llevó a cabo procesos participativos con más de 70 reuniones con los habitantes de la zona, para informarles sobre el proyecto y recoger sus opiniones e inquietudes.

El proyecto Tineo – Nueva Ancud es una iniciativa necesaria y urgente para mejorar la calidad de vida de los chilotes y para fortalecer el sistema eléctrico nacional. Se trata de una inversión estratégica que beneficiará a toda la Región de Los Lagos y que permitirá a Chiloé seguir desarrollando su potencial económico, social y cultural con una energía más segura, confiable y sustentable.

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El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, informó esta mañana al Consejo General de Fiscales Regionales la extensión -a todo el país- del criterio de actuación relativo a solicitar prisión preventiva en caso de personas detenidas sin identidad corroborada.

Recordemos que en un principio esta medida solo aplicaba para la región Metropolitana, sin embargo, la Fiscalía Nacional decidió extenderla en todo Chile.

Esta decisión se tomó tras el asesinato del suboficial mayor de Carabineros, Daniel Palma Yáñez, quien murió tras recibir un disparo durante una fiscalización en Santiago Centro.

El OS9 de Carabineros detuvo a dos sujetos relacionados con el asesinato del funcionario policial.

La captura de ambos se produjo durante un operativo realizado durante las últimas horas en Quinta Normal.

Detenidos sin identidad corroborada

La máxima autoridad del Ministerio Público anunció la semana pasada la decisión conjunta de los fiscales metropolitanos, de pedir prisión preventiva para toda persona que sea detenida por crimen o simple delito y que no cuente con documentos de identificación oficial, fenómeno que ha crecido exponencialmente entre ciudadanos extranjeros.

Esta medida durará hasta que se pueda establecer la identidad de los acusados y puedan cumplir con las reglas nacionales.

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Chile ha tenido este miércoles una nueva noticia positiva para su economía. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una sorpresiva caída en febrero de ―0,1%, cuando el mercado esperaba un alza de hasta 0,4%. Es la primera vez desde noviembre de 2020, en medio de la pandemia de la covid-19, que se observa una baja del costo de la vida. El ministro de Hacienda, el socialista Mario Marcel, ha dicho que esta cifra “reafirma” la tendencia a la baja de la inflación, que viene descendiendo consecutivamente en los últimos cinco meses. “Son datos para alentarnos a seguir por el camino que vamos, de estabilización de la economía, manejo responsable de las finanzas públicas y reducción de la incertidumbre”, ha explicado el ministro desde la sede del Parlamento, poco antes que la Cámara de Diputados rechazara la idea de legislar un paquete la reforma tributaria, la primera valla legislativa de esta medida clave para el Gobierno de Gabriel Boric.

Con la baja de febrero, la primera en 27 meses, la inflación ha descendido un 11,9% en un año. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas (INE), encargado de comunicar estas cifras, destacan los descensos tanto del transporte como de los alimentos y bebidas no alcohólicas, que el año pasado registró un alza anual de 25%. Las carnes (sobre todo la de pollo) y las frutas registraron las bajas de mayor importancia. Aumentó, sin embargo, el precio del vestuario y del calzado.

El manejo económico está siendo uno de los bastiones del actual Gobierno que este sábado cumple su primer año en el poder. La desocupación está en menos de dos dígitos y el precio del dólar con respecto al peso chileno se ha controlado. Pese a los pronósticos que incluso hablaban de recesión para 2023, la economía chilena registró un crecimiento en enero de 0,4%. Marcel, que atribuye este escenario a factores locales, ha asegurado en los últimos días que son el anticipo de una tendencia sólida de recuperación. Para algunos economistas, como Sebastián Edwards, “el repunte reciente de la economía es producto del triunfo del rechazo” en el plebiscito constitucional del pasado 4 de septiembre, donde se echó por tierra una propuesta de Constitución transformadora que generaba incertidumbre. “Es el dividendo del 4 de septiembre”, aseguró Edwards hace algunos días.

El ministro Marcel, un técnico con amplia trayectoria en los gobiernos de la transición, ha tenido una gestión alabada desde diferentes sectores políticos y se ha instalado como el hombre fuerte del Gabinete. De acuerdo a la última encuesta Criteria, es el mejor valorado por la ciudadanía entre los 24 ministros. En 2022, el gasto público cayó más del 23% y se logró superávit por primera vez en una década. Con este escenario, resulta altamente difícil que el presidente Boric toque al equipo económico de su Gobierno en el ajuste que se realizaría en los próximos días.

Lo sucedido hoy en el Congreso con la reforma tributaria, sin embargo, representa una fuerte derrota para el equipo político y económico del Gobierno y entrega luces sobre lo compleja que será la discusión legislativa en materias clave como la reforma de pensiones o la misma tributaria.

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Litio, Mercosur y Colonia Dignidad. Esos tres temas fueron, según la prensa alemana, los más relevantes de la visita a Chile del canciller Olaf Scholz. En tiempos de apreturas económicas y ansiedad por asegurar recursos minerales, Berlín ha querido dar una señal de que los derechos humanos también son importantes en su agenda. Por eso Scholz dijo el domingo 29 de enero, junto al presidente Gabriel Boric, que la construcción de un monumento en memoria de las víctimas de Colonia Dignidad «cuenta con el apoyo del Gobierno (alemán) y participaremos en consecuencia”.

«Lo importante de este anuncio es que lo realizan ambos jefes de Estado de manera conjunta, graficando la corresponsabilidad de ambos Estados en los crímenes cometidos por Colonia Dignidad”, dice a DW Jan Stehle, investigador del Instituto de Investigación y Documentación Chile-Latinoamérica (FDCL, por sus siglas en alemán) y autor del libro Der Fall Colonia Dignidad (El caso Colonia Dignidad, Trad. de la Red.). «El proceso hacia ese sitio de memoria lleva muchos años”, agrega, pues la decisión política data de 2017, cuando se crea una Comisión Mixta Chile-Alemania en cuyo mandato se incluye la idea del memorial.

Evelyn Hevia, magíster en Historia que trabaja en temas relacionados con Colonia Dignidad, explica a DW que, además de esa comisión mixta, dos expertos chilenos y dos alemanes fueron nombrados para elaborar una propuesta de sitio de memoria, la que fue presentada en abril de 2021. «El concepto del monumento conmemorativo ya está disponible”, complementa Meike Dreckmann-Nielen, investigadora asociada en la Universidad Libre de Berlín y autora de Die Colonia Dignidad zwischen Erinnern und Vergessen (Colonia Dignidad, entre la memoria y el olvido). «Las asociaciones de víctimas, activistas y académicos llevan años esperando avances concretos”, agrega.

Respetar a las víctimas

Aunque no se especificaron fechas ni montos, el anuncio no surge de una idea peregrina. Hay un largo camino, dice Hevia, que comenzó en 2014 y que ha llevado a la generación de instancias de encuentro entre distintos grupos afectados por el enclave alemán. «Hay familias de detenidos desaparecidos, exniños víctimas de abuso sexual, excolonos, residentes actuales de Villa Baviera, expresos políticos y exniños chilenos adoptados de manera fraudulenta”, explica. Esas reuniones se han repetido con los años, y las últimas se realizaron en la misma Villa Baviera.

El trabajo de esos grupos ha sido apoyado financieramente por Alemania. «En este proceso se han recogido las perspectivas de todos los grupos. Hoy existe un consenso de que el lugar histórico donde se cometieron crímenes debe transformarse en un sitio de memoria. Son los gobiernos los que están en deuda”, explica Stehle.

«Es de esperar que las claras palabras del canciller Scholz y del presidente Boric sean el impulso final para que el memorial se concrete. Esto tiene mucho que ver con el respeto a las víctimas de los horribles crímenes cometidos”, sostiene Dreckmann-Nielen. El grupo de cuatros expertos, agrega Hevia, tiene una visión similar. «Un sitio de memoria como ellos lo han planteado cumple, por un lado, una función que permite hacer el duelo a los familiares de las víctimas asesinadas o hechas desaparecer, y por otro, es un lugar que permitiría albergar un centro de documentación y de educación”.

Dos países responsables

Stehle sostiene que los avances que ha habido rumbo a la construcción del memorial se deben, ante todo, a la presión de víctimas y activistas. «Las víctimas esperan verdad, justicia, reparación y memoria. Estas son obligaciones estatales y no favores, y los gobiernos de Chile y Alemania comparten ahí una gran deuda», dice el experto del FDCL, que destaca que es importante «que estos crímenes no vuelvan a ocurrir y las nuevas generaciones puedan aprender de ellos en pos de un ‘nunca más'».

El anuncio tuvo lugar en un lugar emblemático como el Museo de la Memoria de Santiago, así como en una fecha especial: este 2023 se cumplen 50 años del golpe militar de Augusto Pinochet, algo estrechamente ligado a las violaciones a los derechos humanos cometidas en Colonia Dignidad. «Alemania tiene cierta responsabilidad en los crímenes cometidos, especialmente por el papel histórico del Ministerio Federal de Asuntos Exteriores. El 50 aniversario del golpe militar nos muestra lo estrechamente ligados que están la historia y el presente”, dice Dreckmann-Nielen.

Hevia también cree que es importante transmitir a las futuras generaciones lo ocurrido en Colonia Dignidad. «La defensa de los derechos humanos es una responsabilidad de cualquier gobierno de cualquier signo político, y forma parte también de los compromisos de un Estado democrático”, dice. Dreckmann-Nielen, por su parte, piensa que poner el foco en las víctimas es esencial: «El sufrimiento de los afectados es algo inimaginable, y las vacilantes decisiones políticas de las últimas décadas no han ayudado precisamente a aliviar ese dolor”.

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