Tras la decisión del Registro Civil de dejar sin efecto la licitación adjudicada al consorcio liderado por la empresa estatal china Aisino para la elaboración de pasaportes y cédulas de identidad, expertos aseguran que Chile pagará un costo -monetario y de reputación- por este anuncio.
Aunque desde el Gobierno manifestaron que la suspensión se realizó dentro de los márgenes de la ley, desde Aisino cuestionaron la decisión y se quejaron oficialmente ante el embajador chileno en Pekín, Luis Schmidt.
El ex embajador de Chile en China, Jorge Heine, comentó que «el precio se va a pagar en dos sentidos. Primero hay un alto precio que el Gobierno de Chile puede terminar pagándole a esta empresa, si esta decide llevarlo a tribunales, porque acá obviamente ha habido un rompimiento de un compromiso que se había adquirido en términos de una licitación que se adjudicó formalmente».
«Obviamente hay un tema legal que me parece muy serio. Y segundo, esto se puede pagar también en términos de mercado. Sabemos lo que pasó con las cerezas en China hace no demasiado tiempo, que productores chilenos terminaron pagando cientos de millones de dólares por lo ocurrido y puede volver a pasar algo parecido. Se está jugando con fuego, me parece, en este caso», sostuvo.
Samuel Fernández, abogado, ex embajador y académico de la Universidad Central, puntualizó que «lo que cabe es ver en qué consiste el contrato. Lo van a decidir seguramente en sede judicial y vamos a tener ahí una ida y vuelta en materia jurídica para ver qué corresponde, qué se ajusta al contrato y que no».
«Definitivamente ha habido una presión norteamericana, por algo que para ellos es extremadamente sensible y que a nosotros nos deja en un mundo complicado, porque obviamente con China es algo que estaba pactado (…) tampoco es una cosa extremadamente rara», añadió.
