Las primeras medidas del nuevo Gobierno incluyen una reforma tributaria y un nuevo abordaje del conflicto mapuche
Gabriel Boric jurará el viernes como presidente de Chile. El sábado, ya sentado en La Moneda, deberá mostrar finalmente cómo piensa satisfacer las demandas que dieron fuelle a las revueltas sociales de 2019. La primera medida de Gobierno será una reforma tributaria que permita al Estado recaudar más y, con ello, destinar nuevos fondos públicos a la educación y la salud. En un país profundamente presidencialista, Boric delegará buena parte de la gestión en su Gabinete, como hiciese en su día el primer presidente de la transición democrática, Patricio Aylwin (1990-1994). Otras urgencias heredadas quitarán el sueño a Boric: la crisis económica, el descontento popular con el sistema privado de pensiones, el conflicto con las comunidades mapuches del sur del país y la presión migratoria que Chile recibe en el norte. Mientras tanto, deberá acompañar el proceso constituyente y, antes de finales de año, someter a un referendo vinculante el texto que salga de allí.
El nuevo presidente ha armado un Gabinete de alto perfil, con nombres surgidos de la militancia estudiantil y dominado por mujeres. Cinco nombres liderarán la nueva estructura de poder: como ministra de Interior, Izkia Siches tendrá a su cargo resolver las contingencias del día a día; Giorgio Jackson delineará las políticas de mediano y largo plazo desde la Secretaría de la Presidencia; Mario Marcel, en Hacienda, trabajará para que esos cambios sean “ordenados y sostenibles en el tiempo”, como dijo en una entrevista reciente; la impronta feminista será responsabilidad de Camila Vallejo, como portavoz, y de Antonia Orellana, al frente del ministerio de la Mujer. “Queremos mostrar gobernabilidad y ello abarca varios aspectos”, explicó Jackson esta semana al diario La Tercera. “Primero, dejar claro que podemos manejar bien los temas más urgentes, como la pandemia, el regreso a clases y todo lo relacionado con orden y seguridad, que se abordará de una forma distinta a como se ha hecho hasta ahora. Está el plan de estabilización económica y pondremos énfasis en los temas relacionados con los derechos humanos y todo lo que signifique reparación y soluciones para los conflictos que derivan del estallido social”, resumió.
El ministro Marcel adelantó que su prioridad estará puesta en una reforma tributaria “bastante ambiciosa”. “Las metas de recaudación que se han planteado de 5% del Producto en cuatro o cinco años es más que la suma de las dos grandes reformas que hemos tenido en democracia”, dijo. Prometió además “un programa de recuperación inclusiva, que asegure que nadie se quede atrás en la pospandemia”. “Hay sectores rezagados”, explicó, “y la necesidad de crear empleo”. El desafío de Marcel es que esos planes no agranden el rojo fiscal.
“El principal desafío del nuevo Gobierno será el deterioro económico que tendremos en los próximos meses”, advierte Max Colodro, analista político de la Universidad Adolfo Ibáñez. “Hemos estado viviendo durante los dos últimos años en una situación bien irreal, de explosión de consumo, porque en medio de la crisis por la pandemia el Gobierno permitió, porque no pudo impedirlo, retiros de fondos previsionales y una ayuda económica muy sustancial para aquellos que habían perdido el empleo. A los bolsillos de la gente fueron 80.000 millones de dólares, 50.000 millones de los retiros y 30.000 de las ayudas sociales que dio el Gobierno”, explica.
Agotado el combustible del consumo y sin fondos a los que recurrir, Boric tendrá que resolver una persistente subida de la inflación (registró 7,8% interanual en febrero, muy por encima del rango de entre 2 y 4% que había establecido el Banco Central), “y el deterioro inevitable de lo que está pasando con la guerra en Europa”, agrega Colodro. Chile es importador neto de petróleo y gas y cualquier subida en los mercados internacionales impacta en su mercado interno. No es un escenario simple para Boric, porque “frente a unas expectativas enormes, la situación económica se va a deteriorar fuertemente en los próximos mes”.
El conflicto mapuche
Izkia Siches, la ministra estrella de Boric, tendrá en sus manos asuntos que impactan en la opinión pública, como el conflicto mapuche, la violencia urbana y la migración. “Para un Gobierno que se ha comprometido a no reprimir y no expulsar inmigrantes, la solución es compleja”, dice Max Colodro. El futuro Gobierno ha dado pocas pistas sobre qué piensa hacer, pero es de suponer que Siches no perderá demasiado tiempo. Esta semana, se reunió con autoridades de la Araucanía, la región más afectada por la cuestión indígena, y ya resolvió un cambio de paradigma: el Gobierno no renovará el estado de excepción en la zona, lo que supone sacar a las Fuerzas Armadas del control de la seguridad. En una entrevista televisiva, Siches dijo que “los resultados no serán inmediatos”, pero bastará al menos como señal que el abordaje ya no sea desplegar militares sobre el terreno.
Las reformas estructurales quedarán en manos de Giorgio Jackson y Marcel. El ministro de Hacienda dijo que habrá una reforma del sistema de pensiones, que desde la dictadura se basa en un sistema de capitalización administrado por empresas privadas, las AFP. Durante la campaña, Boric anunció el fin de las AFP y la creación de un sistema de reparto en manos del Estado. Marcel matizó la dimensión de la reforma y aclaró que la idea es “construir un sistema mixto, donde la capitalización siga siendo un componente pero ya no el único eje del sistema y con un rol más importante del Estado”. La ampliación de la gratuidad del sistema educativo, una de las principales demandas de los estudiantes que salieron a la calle en 2019, y aumentar las prestaciones de salud enfrentarán un largo debate político y legislativo.
Un Gobierno feminista
La cuestión de género será de vital importancia para el nuevo Gobierno. El círculo de poder más cercano a Boric estará en manos de mujeres, y serán ellas las que impregnen al resto de la administración con los nuevos lineamientos. “Les quiero pedir, en particular a los hombres, que nos lo tomemos en serio. El ser un gobierno feminista significa cambiar la manera en la cual nos relacionamos, con la cual vemos el mundo”, dijo Boric el viernes pasado tras una reunión entre ministerios. “Un Gobierno feminista debe reconocer la importancia de la acción colectiva de las mujeres”, sumó en una entrevista con este periódico Antonia Orellana, futura ministra de la Mujer. Su par en Interior, Izkia Siches, advirtió que piensa recorrer el país junto a su hija Khala, que cumplirá un año en abril. “El Estado tendrá que adaptarse a mí, a mi hija y a las ministras”, dijo. Camila Vallejo, exdiputada del Partido Comunista, será la voz del Gobierno.
“El otro gran desafío polítco de Boric está en la Convención” constitucional, dice Max Colodro. Los legisladores tienen hasta el 4 de julio para presentar un texto que reemplace al heredado de la dictadura de Pinochet. Concluido ese proceso, el Gobierno convocará a un referendo vinculante para aprobar o desaprobar la nueva Constitución. “Hay un riesgo bajo de que en el segundo semestre se pueda perder ese plebiscito y se imponga el rechazo. Todavía las encuestas confirman que es mayoritario el apruebo, pero también es cierto que ha ido bajando”, advierte Colodro. La redacción de una nueva Constitución fue la solución política a las revueltas de 2019 y el fracaso del proceso pondría a Boric ante una dura prueba de gobernabilidad.
